El anuncio de recortes del gasto público en Costa Rica tuvo eco favorable, aunque los calificaron como insuficientes para paliar un abultado déficit que la presidente Laura Chinchilla quería atacar con mayores impuestos.
Diez días después de quedarse sin su proyecto estrella (una reforma fiscal declarada inconstitucional) Chinchilla anunció la noche del miércoles la venta de activos estatales, congelamiento de salarios y pensiones altas, y una reducción del financiamiento del Estado a los partidos políticos.
“Se vio obligada a hacerlo”, declaró el economista Helio Fallas.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 C