Por Roy Moncada y Tania Sirias
La iniciativa de ley que propone elevar el número de concejales en el país, y que se teje con urgencia desde la presidencia, según expertos consultados, obedece a una estrategia electoral de Daniel Ortega y Rosario Murillo para asegurarse el control de los municipios y territorios de cara a las elecciones del 2016.
La búsqueda del control municipal total, puesta en escena desde la aprobación de la Ley 50-50 y las reformas a la Ley de Municipios que incorporan a los CPC a la discusión de los presupuestos municipales, apuntan a que el FSLN busca establecer ventajas respecto a los demás partidos políticos.
“Ampliar (las alcaldías) es asegurar mayor aportación de la ciudadanía”, dijo Arce, quien reiteró que el incremento de concejales no afectaría los presupuestos municipales.
No obstante, análisis de concejales y expertos en municipalismo han demostrado que las alcaldías destinan, por ley, fondos para los gastos administrativos y operativos de los ediles de cada concejo municipal. De 2,368 concejales en los 153 municipios del país, con la ley se triplicaría a 6,534 ediles.
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Lo anterior lo planteó a LA PRENSA el investigador Silvio Prado, especialista en municipalidad. “Es notable que quieren el control de todo el Estado a través de la sobrerrepresentación de concejales, con el fin de garantizar desde ahora la incorporación de sus fichas en las alcaldías de cara a futuros procesos electorales”, observó Prado.
Para Rosario Cuadra, miembro del equipo de coordinación de la Red Local, antes de aprobarse esta iniciativa sería necesario realizar una consulta abierta que incluya a alcaldes, vicealcaldes, concejales y la sociedad civil, “de lo contrario, será una movida del Gobierno meramente hecha para su partido”.
¿Y LA LEY ELECTORAL?
El anuncio de Murillo de incrementar el número de concejales debe hacerse mediante una reforma a la Ley Electoral de rango constitucional y no a través de una ley ordinaria, que en este caso sería la Ley de Municipios, opinó el experto constitucionalista Oscar Castillo.
“Si se quiere aumentar el número de concejales, debe realizarse desde la Ley Electoral, pues los artículos 156 y 157 señalan claramente la forma numérica en que deben elegirse concejales, tanto en Managua, como en las cabeceras departamentales y municipios”, dijo el abogado.
“Pretender reformar desde la Ley de Municipios sería violatorio del principio de jerarquía de la Ley establecido en el artículo 182 de la Constitución, y por consiguiente sería inconstitucional, pues una ley ordinaria estaría violando una ley de rango constitucional”, opinó Castillo.
CONTROL POLÍTICO
Azahálea Solís, miembro de la Unión Ciudadana Democrática (UCD), expresó que lo que pretende el Gobierno con su proyecto de ley es tener un control político-partidario total del país a través del Estado.
“Pretenden imponer decisiones sin consultar a la ciudadanía y esta decisión nos afecta a todos, por lo tanto debería hacerse una consulta amplia. Sin embargo, lo que hacen es bajarlo como una línea y tienen la desfachatez de decir que en el país hay democracia directa y poder para la ciudadanía”, sostuvo.
Añadió que no hay “una racionalidad técnica” para esa medida ni explicaciones lógicas del porqué aumentar el número de concejales, y que la iniciativa “es una violación a la autonomía municipal”.
Según Solís, el objetivo de aumentar los concejales “es meter a los paraestatales CPC a controlar las alcaldías, a lo mejor así quieren resolver las protestas contra el dedazo y resolver a través de los presupuestos municipales el mantenimiento de la organización partidaria”.
Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua (MpN), dijo que el Gobierno lo único que hará es darle una carga tributaria a los municipios a través de una acción populista. “Se debe revisar el número de concejales, pero a través de un estudio serio y no demagógico”, observó.
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