Por Martha Vásquez
El estudio que revela una aplicación “casi inexistente de la Ley de Carrera Judicial”, presentado ayer por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), evidenció una vez más la administración de justicia con criterios políticos.
“Esto no es nuevo, lo que pasa es que en los últimos años se formaron bancadas y la legalidad pasó a segundo lugar. Existen un sinnúmero de leyes buenas, pero no hay voluntad política de aplicarlas. Entonces, el primer aporte de este estudio es que se subraya la urgente e impostergable necesidad de reconstruir el poder judicial”, consideró el jurista Gabriel Álvarez.
Álvarez agregó que para la consolidación del Estado de Derecho es necesario que existan las condiciones que permitan el desarrollo económico y democrático, y una de estas es la aplicación correcta de la ley.
“Ningún Estado democrático se consolida con un poder judicial tan débil, tan precario y poco legitimado como el nuestro”, recalcó.
Tanto María Antonieta Fiallos como Roxana Gutiérrez, autoras del estudio denominado Aportes a una Justicia al Servicio del Desarrollo: la Carrera Judicial, coinciden en que los nombramientos de jueces, magistrados y defensores públicos siguen siendo de “dedos”, es decir, los magistrados deciden a quién nombrar, de acuerdo con intereses partidarios.
“Sí, permanece el dedazo. Es decir, los magistrados de la Corte siguen haciendo nombramientos directos, por amistad, pero no pasaron ningún proceso de concurso, lo que genera desmotivación en los funcionarios, porque no se está tomando en consideración el talento humano ni los principios establecidos en la ley”, dijo Gutiérrez, especialista en sicología laboral.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, expresó que la ley “se ha ido efectuando a través de algunos pasos que probablemente no cumplen a cabalidad la letra de la ley, pero que pretenden, dentro de las posibilidades presupuestarias y organizativas, dar respuesta a las necesidades surgidas”.
La magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ileana Pérez, expresó que los mayores interesados en que se aplique esta ley son los judiciales y han exigido su aplicación, por eso se han realizado concursos en el 2007 y 2011.
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Carlos Langrand, manifestó que el informe demuestra que la Ley de Carrera Judicial no ha logrado el objetivo planteado por la Asamblea Nacional , porque la justicia es parcial.
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