Lucía Vargas
Ante la espera de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) gire un oficio a la Policía de Granada, para sacar de circulación a los 120 taxis a los que el Concejo aprobó otorgarles concesiones en marzo del 2010, hay quienes opinan que se está violando la Ley de Autonomía de la comuna.
Un grupo de viejos concesionarios introdujo un recurso ante las instancias correspondientes, para que se mande a anular la entrega de estas nuevas concesiones por considerar que el proceso fue viciado y aunque el Tribunal de Apelaciones ya falló a favor de ellos, aún no se ejecuta ninguna medida.
“Personalmente Jairo Robleto está confiado de que esto se va a resolver, porque hablándolo en términos legales esto nunca ha sido un caso meramente que tenga que ver la Corte Suprema de Justicia, se está violando, se está cercenando la Ley de Autonomía, el derecho del alcalde y los concejales, yo no estoy parcializado, no estoy a favor de ellos”, dijo Robleto.
Robleto, quien es concesionario de placa nueva, aclaró que compró su placa en 12 mil córdobas, que es el precio establecido y dijo que hizo la adquisición de forma legal.
Citó que este es un problema meramente de la Alcaldía y (ministerio) de Transporte. “Y quien puede llegar a las alcaldías se llama Contraloría General de la República, diciéndole, preguntándole o solicitándole un informe al alcalde y sus concejales que rindan cuentas adónde fue a parar ese dinero de la venta de las concesiones, en qué lo invirtieron o dónde está”, dijo.
Explicó que la CGR incluso ya hizo en tiempo y forma una auditoría y no encontró hallazgos sobre las supuestas ventas de concesiones a precios elevados y que involucraba supuestamente a algunos funcionarios.
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