Está discutiéndose la propuesta de ley más importante del año: el Código de la Familia. Como el mismo lo expresa (arto. 31), “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. De su buen o mal funcionamiento derivan grandes consecuencias. De aquí que la importancia de fortalecerla legalmente.
Entre los aspectos positivos del Código destaca haber ratificado la definición constitucional del matrimonio como “la unión voluntaria de un hombre y una mujer” (arto. 47), y no de personas del mismo sexo. Otro aspecto bueno es exigir la protección del niño “desde su concepción” (arto. 273), reconociendo el hecho —no la opinión— de que la vida del niño comienza antes del nacimiento. También el Código hace un esfuerzo por exigir en forma más eficaz los alimentos y pensiones en caso de ruptura del vínculo.
Pero el Código se queda corto en cuanto a procurar su objetivo fundamental: proteger la familia y, dentro de ella, a su componente más vulnerable; los niños. Sucede que en Nicaragua, la mayoría de las parejas rehúsan comprometer legalmente sus vidas a través del matrimonio. Sencillamente se juntan. Y la verdad es que dichas uniones son mucho más inestables y propensas al abandono paterno y a la violencia intrafamiliar.
Innumerables estudios muestran que en las uniones matrimoniales, las esposas tienen menor riesgo de violencia doméstica que las que cohabitan, igualmente, los niños que viven con sus padres biológicos casados tienen menor riesgo de sufrir abusos, drogarse, delinquir o sufrir trastornos psicológicos, y mayor probabilidad de sacar mejores notas. (Glenn, Nock, Waite, et al: “Porqué Importa el Matrimonio: 21 Conclusiones de las Ciencias Sociales”).
Igualmente notorio, como lo demostró en Guatemala Sophia Aguirre, “los casados suben su ingreso en 29%”. (Siglo XXI, 12,10,2007). Leonore Weitzman demostró en Norteamérica que la mujer merma el suyo en un 60% tras la ruptura del vínculo (“La Revolución del Divorcio”). Apoyar el aumento en la proporción de parejas unidas en matrimonio es pues una de las políticas más efectivas para combatir la pobreza.
El Código de la Familia debería tener como objetivo central suministrar incentivos para que las futuras generaciones crezcan dentro de matrimonios estables. En su versión actual muestra mucho celo en perseguir todo tipo de violencia y castigos físicos contra los menores, incluyendo “cualquier otra conducta que produzca un perjuicio en la salud psicológica, el desarrollo integral y las posibilidades personales (arto. 41; c), lo cual se presta para que muchos padres sean acusados injustamente a la hora de disciplinar a sus hijos. Pero este celo legislativo no tiene la misma presencia a la hora de prevenir los divorcios o las rupturas de la pareja, a pesar de que dichas conductas, ya sean por mutuo consentimiento o unilaterales, son las que más hieren a los niños emocional y financieramente. Hay que dificultar, no facilitar, la disolución de los matrimonios y las uniones de hecho.
Como ejemplo de reformas que habría que introducir a fin de promover el matrimonio, puede citarse el arto. 44; a. Este mandata al sistema escolar educar sobre los derechos familiares, pero no exige que se instruya a la juventud sobre la importancia del matrimonio. ¡Cómo mejoraría Nicaragua si sus estudiantes aprendieran a apreciar esta institución y los valores que la sustentan! —como la fidelidad— lo cual a su vez exige una educación sexual adecuada, pues a mayor promiscuidad prematrimonial mayor probabilidad de infidelidad.
También habría que reconsiderar el otorgar a las uniones de hecho “estables” (consideradas como tales tras solo dos años de cohabitación), los mismos derechos que a los matrimonios. ¿Deben los dispuestos a comprometerse legalmente a formar pareja estable y cuidar su prole, ser tratados igual que quienes rehúsan este compromiso?
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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