Por Aldo Gamboa
LA HAYA/AFP
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya inició hoy las audiencias públicas sobre el diferendo territorial marítimo entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, un caso que llevó a un claro enfriamiento de las relaciones bilaterales.
Esta primera sesión pública fue abierta por el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argüello Gómez, agente principal de su delegación, quien trazó las grandes líneas del argumento oral que su delegación presentará ante la corte de la ONU en su demanda.
Los expertos y diplomáticos de la delegación de Colombia iniciarán sus alegatos en la tarde del jueves 26 de abril.
La próxima semana, las dos partes tendrán la oportunidad de volver a exponer sus argumentos, aunque la decisión de la CIJ podría demorar meses.
Nicaragua reclama a la CIJ la soberanía de un espacio de 50.000 km2 en el Caribe que incluye las islas y cayos que en su mayor parte constituyen actualmente el departamento colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Argüello Gómez insistió en que la soberanía de esos territorios marítimos quedó bajo control de Colombia mediante el Tratado Bárcenas-Esguerra firmado en 1928 y ratificado en 1930, pero que durante la firma del acuerdo Nicaragua estaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933).
“Se trataba de una ocupación política y militar”, afirmó Argüello Gómez en sus alegatos para justificar la nulidad del acuerdo. En 1971, el gobierno de Nicaragua hizo una primera denuncia de ese tratado, cuando Colombia emprendió negociaciones con Estados Unidos en torno a la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana.
En la década de 1980 el congreso nicaragüense declaró que dicho Tratado es nulo y reivindicó su soberanía del Archipiélago de San Andrés, caso que elevó a la CIJ en 2001.
“Nicaragua siempre cumplió con las determinaciones de esta corte, y por eso ha traído el caso a esta corte”, expresó Argüello Gomez este lunes, quien mencionó los repetidos problemas con barcos pesqueros de su país en la zona en disputa.
El área en litigio ha sido motivo de conflicto y protestas diplomáticas por el apresamiento de embarcaciones pesqueras o por la intención de los dos países de otorgar concesiones de exploración petrolera, y condujo a un evidente enfriamiento de las relaciones bilaterales.
Por su parte, el gobierno colombiano emitió una nota oficial donde reafirmó su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, que afirma haber ejercido “desde el inicio de su vida como nación independiente”, e insistió en que la CIJ no decidirá en esta oportunidad sobre esta cuestión.
En la nota, la cancillería colombiana recordó que la CIJ deberá decidir sobre qué islas o islotes forman parte del archipiélago, la soberanía sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, y el límite marítimo definitivo entre los dos países.
