Doña Rosario Murillo ha anunciado recientemente que el poder ejecutivo presentará una iniciativa de ley para reformar la Ley 40 triplicando el número de concejales en los 153 municipios del país. Si la disparatada idea fructifica, los concejales propietarios y suplentes pasarían de 2,178 que hay actualmente a 6,534.
Seguramente la iniciativa pretende darle “un puesto” a tantos miles de militantes sandinistas resentidos por el dedazo con que dicho partido ha preferido escoger a sus próximos candidatos a alcalde y concejales, además, de paso todos los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano podrían integrarse de manera efectiva y legal a los gobiernos municipales, algo que no está contemplado en la Ley 290.
Por otra parte, la disparatada iniciativa populista persigue que militantes sandinistas del sexo masculino, que no caben dentro de las listas en razón de la proporcionalidad que se debe guardar por la Ley 50-50, sí tendrán —de ser aprobada esta reforma a la ley— una oportunidad de participar en los gobiernos municipales, aunque su participación se diluya en lo que serán en realidad unas asambleas municipales, por lo demás totalmente infuncionales y no concejos municipales.
Aunque la secretaria del Consejo de Comunicación Ciudadana afirme que triplicar el número de concejales, como quien triplica en un fin de semana el saldo de su teléfono celular ya sea en Claro o Movistar, no acarreará mayores gastos a las comunas porque la dieta que perciben los concejales actuales será dividida entre el mayor número, es iluso tan solo pensar esto.
Veamos por qué, por ejemplo: en la Alcaldía de Managua pasarían de 19 concejales propietarios a 40 concejales (con sus respectivos suplentes) y en la de León, de 10 propietarios a 25, pero cada uno recibirá el mismo manojo de documentos que tendrán que leer antes de cada sesión del Concejo, es decir que el gasto de papelería se triplicará, lo mismo pasará con el gasto de combustible y celulares, porque los concejales tendrán que comunicarse más y movilizarse a sus respectivos territorios, lo mismo ocurrirá con el consumo de energía eléctrica. Lógicamente, los concejales demandarán también más oficinas para atender a los ciudadanos de su zona o distrito, más secretarias, asistentes, almuerzos, agua, papel higiénico, etc.
Una vez reunidos, si es que asisten, serán tantos los concejales en las alcaldías más grandes, que ciertamente necesitarán un buen equipo de audio en los debates y un equipo electrónico de votación, al menos que se asuma (a priori) que todos votarán en un mismo sentido mano alzada siguiendo las “orientaciones bajadas” desde la secretaría de Comunicación y propaganda del partido.
Y en las alcaldías más pequeñas, con lo poco que ahora ganan los concejales por el tiempo que le dedican al servicio público, al repartirlo entre tres veces más concejales electos, según el proyecto de ley, seguramente no les dará ni para movilizarse, ya no digamos para la canasta básica. Así las cosas: ¿quiénes aceptarán y cumplirán las tareas encomendadas por doña Rosario? Solo sus leales, que premiará de otra manera.
Ese es el objetivo solapado, o menos que solapado, de este anteproyecto de ley. No les ha bastado con atropellar flagrantemente la autonomía municipal, sino que ahora pretenden el control absoluto del municipalismo, irónicamente cobijado bajo un manto de mayor participación popular, triplicando el populismo.
El autor es diputado por la Bancada Democrática Nicaragüense.
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