WASHINGTON/AFP/EFE/AP
El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia hoy la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer, en abril de 2010 y que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un estado. México y otros 17 países estiman que esta ley podría poner en peligro sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
400,000 inmigrantes están en la clandestinidad en Arizona, de acuerdo con el mismo centro.
Russel Pearce, el ahora exsenador estatal, es el principal impulsor de la ley SB 1070, quien alega el “coste real y el daño causado por la presencia de extranjeros ilegales en este país”.
La SB 1070 fue impugnada en los tribunales por el Departamento de Justicia y una amplia coalición de grupos cívicos, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes en todo el país.
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Los argumentos a favor y en contra de la polémica ley SB 1070 fueron presentados ayer ante el Comité Judicial de la Cámara Alta en el Senado, donde críticos como el senador demócrata y presidente de ese órgano, Charles Schumer, y el también demócrata Richard Durbin, reiteraron que las normas migratorias solo deben promulgarse en el ámbito federal y los estados carecen de atribuciones para ello.
“México no puede continuar unas negociaciones eficaces con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior del gobierno federal son saboteadas por estados (de la Unión) a título individual”, reza un documento presentado ante el alto tribunal.
Haití, Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá, Honduras y otros nueve países se sumaron a México para apoyar al presidente Barack Obama y reclamar que esa ley, que entre otras cosas prevé un control basado en el aspecto para reprimir a los inmigrantes ilegales, sea reformulada por la Corte Suprema.
El gobierno mexicano agrega que esta ley “constituye una amenaza inminente para los derechos humanos y los derechos civiles de sus ciudadanos”, estimando que existe “un interés legítimo en asegurar que sus ciudadanos, cualquiera que sea su estatus migratorio, no se vean privados de sus derechos, consagrados en la Constitución norteamericana y el derecho internacional”.
El gobierno de Obama estima que esta ley invade las prerrogativas constitucionales del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria.
La discusión de la ley podría añadir leña al fuego en la puja en torno de las estrictas medidas respaldadas por los republicanos y cuestionadas por el Gobierno, y se anticipa que el caso será decidido para fines de junio.
La SB 1070, según sus partidarios, responde a la frustración de varios estados por la presunta inacción del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y reforzar la seguridad fronteriza.
Sin embargo, sus detractores aseguran que esta solo ha servido para discriminar contra personas que luzcan foráneas o tengan acento extranjero y no resuelve los problemas de la inmigración ilegal.
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