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Fiscalía de Guatemala dice que Ejército no aporta datos sobre desapariciones

La Fiscalía de Guatemala dijo hoy que el Ejército de su país no ha facilitado información relativa a los 26 casos de desaparición forzada durante la década de los ochenta que se tramitan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y que no hay ningún acusado por esos delitos.

Guayaquil, Ecuador/EFE

La Fiscalía de Guatemala dijo hoy que el Ejército de su país no ha facilitado información relativa a los 26 casos de desaparición forzada durante la década de los ochenta que se tramitan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y que no hay ningún acusado por esos delitos.

Manuel Vásquez, representante de la Fiscalía, explicó en una audiencia pública de la CorteIDH, en Guayaquil (Ecuador), que hay “varios procesos judiciales abiertos” para determinar qué pasó con los desaparecidos que constan en el llamado “Diario Militar”, un documento desclasificado por Estados Unidos en 1999 que evidencia la represión militar en Guatemala durante los ochenta.

Sin embargo, reconoció que los casos están aun en fase de indagación y que hasta ahora no hay ninguna persona imputada como responsable de los hechos, a pesar de que la investigación se abrió en el 2002.

También aseguró que la Fiscalía no ha conseguido información del Ejército respecto a la estructura jerárquica que estuvo a cargo de los equipos, batallones y comandancias militares y policiales vinculados con estas desapariciones, registradas durante la guerra interna en Guatemala, entre 1960 y 1996.

“El Ministerio de Defensa nos indicó que esa información fue quemada”, dijo Vásquez al máximo tribunal de la región, que realiza sesiones esta semana en la localidad ecuatoriana de Guayaquil.

En la CorteIDH se tramitan los casos de 26 personas desaparecidas, la ejecución extrajudicial de Rudy Figueroa Muñoz y la detención y tortura de Wendy Santizo Méndez, quienes aparecen en el “Diario Militar”.

Efraín García, uno de los declarantes en la audiencia, afirmó que su hija Lucrecia García Escobar fue secuestrada hace 30 años y hasta el momento las autoridades no han logrado determinar su paradero. “Creo que está muerta”, dijo García, quien la buscó en cárceles, hospitales y otras entidades sin resultado alguno.

Además, acusó a la Policía de su país de no querer aclarar el caso y pidió que se termine la impunidad que ha existido durante más de tres décadas sobre las de desapariciones forzosas en Guatemala. Durante la audiencia la delegación del Estado guatemalteco no dio a conocer su criterio respecto a la demanda y se abstuvo de realizar preguntas a los testigos, aunque llamó como declarante a Vásquez.

El Diario Militar es un documento elaborado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la unidad de la inteligencia presidencial guatemalteca entre 1983 y 1985, que Estados Unidos hizo público en 1999.

Fue entregado a la investigadora Kate Doyle, del National Security Archive, quien concluyó que era auténtico, algo corroborado por unos archivos encontrados en 2009 en la sede de la antigua Policía Nacional.

Doyle también participó en la audiencia, que se efectuó en un salón lleno en Guayaquil, donde explicó el contenido del documento y afirmó que incluye los nombres de varios oficiales. “Según el Diario, el Ejército planificaba las acciones y las partes policiales se encargaban de la ejecución”, aseguró.

Las víctimas incluidas en el Diario Militar – que incluye cerca de 180 desaparecidos- son parte de los 250,000 muertos y desaparecidos que dejó el conflicto armado en Guatemala de 1960 a 1996.

La CorteIDH continuará este jueves con la audiencia por la mañana y por la tarde conocerá los alegatos del caso García y familiares contra el Estado guatemalteco.

Éste se refiere a la desaparición forzada de Edgar Fernando García, a quien miembros de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional guatemalteca dispararon y detuvieron en 1984.

Hasta la fecha se desconoce su paradero. García era un líder estudiantil y sindical de 26 años en el momento de su desaparición, por lo que el Gobierno de entonces lo identificó como un enemigo del Estado, según la CIDH, que envió el caso a la CorteIDH hace un año.

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