TEGUCIGALPA/AP
Las autoridades hondureñas resucitaron una oficina creada desde noviembre para investigar los delitos cometidos por policías pero que no había recibido presupuesto para operar, a pesar de la desconfianza y descrédito generalizados que prevalecen en la sociedad hacia esa institución.
El nuevo director de la oficina de evaluación de la carrera policial, Eduardo Villanueva, aseguró que su misión será la “depuración permanente, sistemática y profesional de la policía de nuestro país”.
Se comprometió a investigar “las estructuras delictivas al interior de la policía y sus vínculos con el crimen organizado” y trazó tres objetivos: disminuir los delitos cometidos por la policía, “combatir la impunidad de la que goza” y “rescatar la confianza de los ciudadanos”.
La dirección depende del ministerio de Seguridad y dispone de cerca de 1,5 millones de dólares para trabajar durante el 2012. El 70% de esa cantidad se destinará al pago de salarios.
Pero Villanueva no llega con la mesa limpia. En realidad tiene más de 5.500 casos de presunta corrupción policial heredados desde la ahora extinta dirección de asuntos internos, de donde provienen también 95 de los investigadores que le fueron asignados.
La dirección en cuestión fue creada por el gobierno en noviembre de 2011 en respuesta a la presión social generada después de que agentes de policía asesinaran al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde entonces ha recibido 187 denuncias, dijo Villanueva.
Según datos del Defensor del Pueblo, en los últimos dos años 2.870 policías han sido denunciados por violaciones a los derechos humanos en Honduras, casi el 20% del total de los agentes de servicio en el país.
Y “desde noviembre de 2010, más de 200 policías han sido separados del cuerpo en un proceso de depuración policial que continúa en marcha”, señaló Iván Mejía, portavoz del Ministerio de Seguridad.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, dice que sólo se investigan el 19% de las denuncias presentadas.
Villanueva dijo que Honduras y su policía se encuentran “entre la fatalidad geográfica y la vulnerabilidad interna” ya que en el Caribe “es donde se cruzan las rutas comerciales ilícitas desde la época de los corsarios hasta el narcotráfico en la actualidad” lo que ha generado, según él, “una crisis del estado de derecho que va mucho más allá de la crisis policial”.
Durante el acto, el Presidente Porfirio Lobo señaló la dimensión internacional del problema de la seguridad en Honduras y la “responsabilidad regional compartida”, ya que en su opinión “muchos problemas no se derivan exclusivamente de la realidad hondureña”.
Ramón Romero, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Nacional cree que “si en América Latina se han dado casos de depuración policial tras dictaduras como en Chile y Argentina” o por procesos de “vinculación con el crimen organizado como en Colombia”, en Honduras “es posible llevarla a cabo”.
Pero añadió que el proceso implica riesgos como que “se limite a determinados estratos del cuerpo” a “zonas geográficas determinadas” o se realice “con una limitación presupuestaria”.Romero recomendó “freír a los peces gordos por su carácter ejemplificante”, lo cual significa “comenzar por la jerarquía policial”.
Villanueva señaló que la violencia en Honduras es un “fenómeno social que ha crecido un 120% en cinco años si se mide a partir de la tasa de homicidios” y ha generando secuelas de terror y ansiedad entre la población, lo que ha dado origen a una “criminología mediática que centra el origen del delito en la actuación policial”.
Honduras es, según datos oficiales, el país con mayor índice de homicidios del planeta, 86 por cada 100.000 habitantes. Tres departamentos del país, Cortés, Atlántida y Francisco Morazán registran más de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes.