A medida que avanza la aprobación del Código de Familia en la Asamblea Nacional, donde el dominio del FSLN es absoluto y la oposición, por su debilidad, no puede ejercer el contrapeso que es necesario y saludable, crece el temor de que el tal código será un instrumento de control estatal totalitario de las familias nicaragüenses.
En realidad, siendo que el Estado se encuentra dominado de manera absolutista por un grupo político de reconocida vocación totalitaria —el cual no oculta su objetivo de transformar la sociedad en base a un patrón colectivista ni su intención de quedarse en el poder para siempre—, el temor es justificado.
Dicen algunos diputados de la oposición parlamentaria, que la aprobación de este Código de Familia no debería ser motivo de preocupación, porque es un proyecto que viene de la legislatura anterior y fue dictaminado favorablemente por los diputados liberales cuando eran mayoría en la Asamblea Nacional. Pero, ¿quién asegura que los diputados liberales que dictaminaron favorablemente el Código de Familia que ahora se está aprobando en lo particular, tenían un buen juicio sobre una institución humana y social tan delicada como es la familia? Además, ¿acaso no hay en la oposición liberal de la actual legislatura diputados cuyo concepto de familia es aún más radical que los de los mismos orteguistas e incluso consideran que este Código es conservador?
La verdad es que no se puede confiar en que de la actual Asamblea Nacional y del gobierno que la controla pueda salir algo realmente sano y beneficioso para las familias nicaragüenses. Lo que conviene a las familias es que el Estado en general y el régimen orteguista en particular, no se metan con ellas. Al fin y al cabo, el problema no es el Código de Familia en sí mismo, independientemente de los disparates populistas que contiene. El problema del Código es que quien tiene en sus manos el poder absoluto del Estado lo va a aplicar de acuerdo con su ideología y su proyecto político; que lo convertirá en un instrumento de control totalitario de la población por medio de los organismos partidistas denominados “Consejos del Poder Ciudadano” y “Consejos de Familia, Salud y Vida”.
Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, que la familia constituye el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Por su parte, la Constitución de Nicaragua también garantiza la protección social y estatal de la familia. Pero protección no significa intromisión y mucho menos para convertir a las familias en células de una sociedad totalitaria.
La familia es la única base sólida de una sociedad civilizada y sana en la que se respeten las libertades individuales, que a su vez son requisitos indispensables para la formación de personas libres, responsables y capaces de hacer frente a la tendencia expansiva y absorbente del poder estatal. Por eso, a la familia hay que defenderla sin tregua y hasta las últimas consecuencias.
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