Tomado de ABC.ES
Hugo Chávez ha recibido durante años informes semanales sobre las operaciones de narcotráfico realizadas en Venezuela bajo control de las Fuerzas Armadas.
Detalles de esos encuentros, en los que el director de la Inteligencia Militar habría dado cuenta puntualmente a Chávez de cómo se estaba desarrollando el negocio de los estupefacientes, se ofrecieron a la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) por el exmagistrado venezolano Eladio Aponte, según lo ha sabido ABC de fuentes conocedoras de los pormenores de la voluntaria entrega de Aponte a Washington.
Un narcotráfico de Estado, dirigido por “narcogenerales” y tutelado por el propio Hugo Chávez, y una justicia amañada para proteger esas operaciones y “montar” juicios contra disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo cuya realidad emerge ante la descomposición del régimen.
Cuatro días después de regresar desde La Habana, Chávez retornará a la isla con la venia de la Asamblea Nacional, que ayer le volvió a dar carta blanca para permanecer en la isla el tiempo que considere oportuno en la “recta final” de su tratamiento.
El diputado opositor Ismael García no votó en contra del permiso, pero exigió el nombramiento de una junta médica “para que el país se entere” del verdadero alcance de su enfermedad.
Chávez también anunció ayer que su país se retirará “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) y pidió para ello instalar el Consejo de Estado para que evalúe este asunto. “Es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros”, aseguró.
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LA HUIDA
Destituido el 20 de marzo por las acusaciones de Walid Makled, acusado de narcotraficante en Venezuela, Aponte acudió a su despacho el día de su escapada para recoger sus cosas. Al salir le dijo al chófer que prefería regresar a casa en taxi, y así viajó hasta la península de Paraguaná, a unos 500 kilómetros de Caracas. Contrató a un pescador para que lo llevara en lancha a la isla de Aruba, y ahí tomó un avión, primero a Panamá y luego a Costa Rica, donde le recogió la DEA.
Sospechando que podía pagar los platos rotos por el caso Makled —él mismo había usado a chivos expiatorios para defender a altos mandos militares en procesos penales—, Aponte envió al extranjero documentos confidenciales durante tres meses, todos ya en poder de las autoridades estadounidenses.
CARTA COMPROMETEDORA
Hay una comprometedora carta de 2007 en la que el ministro de Defensa, general Raúl Baduel, informaba a Chávez de que existían “suficientes elementos que vinculan” al general Henry Rangel, hoy titular de Defensa, con un caso de narcotráfico: un cargamento de 2.2 toneladas de cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con Colombia y era transportado por un convoy militar cuando fue interceptado.
La carta, a la que tuvo acceso este periódico, señalaba que Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía: “Muy respetuosamente sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de sus bienes (…), y el cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda descartar su participación en los hechos antes mencionados”.
Chávez no solo no promovió una investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le habría insistido para tapar cuanto se pudiera el asunto.
Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse del Ejército en pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción. Rangel fue promocionado, como lo acabaría siendo el teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado proceso judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite concluir que el caso “no era un incidente aislado y que la planificación apuntaba a una red de narcotráfico bien establecida de oficiales militares”, según el dictamen de juristas que lo han examinado.
EL CAPO DE LOS CAPOS
Aponte es la primera persona que involucra directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio ya fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El magistrado aseguró que varias veces había estado presente cuando el director de Inteligencia Militar presentaba su informe semanal al presidente sobre las operaciones de tráfico de droga.
No está claro que esa acusación la pueda sustentar con pruebas escritas. En cualquier caso, asegura tenerlas (por ejemplo, pagos a cuentas bancarias) contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional (…). “Cabello es el capo de los capos, porque es el que controla toda la infraestructura del lavado del dinero”, declaró Aponte, de acuerdo con las fuentes citadas.
Aponte calificó, en declaraciones a la cadena SoiTV de Miami, al general Clíver Alcalá, que comanda la División Acorazada, como “el zar de la droga”, quien se ocupa de la operatividad de los envíos, en colaboración con la Oficina Nacional Antidroga, el coronel Néstor Reverol.
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