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El proyecto fue anulado por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del 2010, que eliminó los permisos ambientales para extraer oro en la zona. LA PRENSA/ ARCHIVO

Harán cuentas a empresa minera

Los abogados ambientalistas que ganaron la demanda contra la minería Crucitas, pidieron el ingreso a esos terrenos para valorar los daños provocado por el fallido proyecto.

Josué Bravo

Los abogados ambientalistas que ganaron la demanda contra la minería Crucitas, pidieron el ingreso a esos terrenos para valorar los daños provocado por el fallido proyecto.

La solicitud la presentaron ante la juez ejecutora Lorena Montes de Oca, durante una audiencia oral y pública que se realizó ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo (TAC).

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  • 4.6 millones de dólares asciende el daño ambiental causado por el proyecto minero Crucitas, de acuerdo con un informe de la Fundación Neotrópica y la organización estadounidense Earth Economics, divulgado en San José.

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“El asunto sugiere que se permita que un equipo de muchos profesionales, entre los que contamos con un ecólogo, un economista ambiental, un ingeniero forestal, un biólogo; ingresen al terreno (de la mina)”, dijo el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

“Es algo básico que se tienen que considerar dentro de este proceso, para formar pruebas a fin de establecer montos y las medidas necesarias para que se pueda ejecutar en un todo la sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo”, añadió.

El TAC citó a las partes involucradas en el proceso judicial contra la minería Crucitas, para empezar a ejecutar la sentencia judicial que sepultó el polémico proyecto ubicado en la frontera con Nicaragua.

El TAC sepultó el proyecto a finales del 2010, cuando eliminó los permisos ambientales y sugirió investigar penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados, incluido el expresidente Oscar Arias.

La audiencia se da a raíz de la solicitud de los abogados demandantes, quienes pidieron al Tribunal empezar a ejecutar la sentencia.

AMBIENTALISTAS: DEBEPAGAR POR DAÑOS

Entre las solicitudes está ordenar el ingreso a los terrenos donde se ubica el proyecto, a fin de cuantificar el daño ambiental causado por la tala de 80 hectáreas de un bosque protegido por ley, efectuada por la empresa minera.

Una primera solicitud de los abogados para ingresar a la minería, fue rechazada por el TAC en febrero pasado.

Los ambientalistas pretenden que Industrias Infinito pague por los daños causados y restablecer el bosque alado.

También quieren conocer cómo va el proceso por las investigaciones penales contra funcionarios y exfuncionarios.

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