Martha vásquez
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, designado por la Corte para atender al Registro Público de la Propiedad y Mercantil, confirmó la denuncia publicada por LA PRENSA sobre anomalías en el Registro y expresó que aún persiste el “pago de trámites por debajera”, pero con “nuevos mecanismos”.
De acuerdo con el magistrado Rosales, la Corte nombró una comisión para que investigara la situación en el Registro y recientemente rindió su informe donde “constató que hay una nueva forma de actuar” de los funcionarios para el “cobro por debajera”.
El funcionario prefirió no dar detalles del informe por no tenerlo a mano.
La denuncia sobre actos de corrupción la hizo pública Ivania Zeledón, extrabajadora del Registro Público de Managua, quien afirma que hay una “cadena de corrupción” en el Registro, que se ocupa de agilizar trámites en un día para ciertas personalidades y empresas que pagan a estos funcionarios por esos “favores”.
NOTARIOS DENUNCIAN
Esta denuncia también fue confirmada por notarios que a diario enfrentan “trabas” registrales en esa institución coordinada por la Corte, pero prefieren omitir sus nombres por temor a represalias.
Sin embargo, Ivania Zeledón también denunció que por oponerse a entrar a la “cadena de corrupción” le “montaron una jugada”, señalándola de haber recibido 8,000 córdobas por el pago de una supuesta agilización, pero todo fue —según ella— “montado” por Maritza Halleslevens, titular del Registro de Managua.
“Nunca me probaron nada. Dicen que enviaron pruebas a Inspectoría Judicial, pero no me las dieron a conocer. Si ella tenía prueba por qué no me mandó a la Policía. Lo hicieron para correrme de forma deshonrosa”, dijo Zeledón.
Al respecto, el magistrado Rosales expresó que desconocía esa situación, pero que la revisaría.
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Según los notarios, los funcionarios del Registro “estafan” a los usuarios del sistema, porque cobran trámite expedito, que según circular de la Corte debe entregarse en cinco días hábiles, pero no cumplen porque te lo entregan hasta en diez días. “Solo el hecho de incumplir lo ordenado o pactado se convierte en estafa institucional”, recalcó el denunciante.
“Desde que llegás a ventanilla y pagás el trámite expedito, el encargado te dice que te será entregado en diez días y si pagás el trámite ordinario se te entregará en tres meses, que en la práctica se convierten en seis meses”, detalló el denunciante.
Esta situación crea presión en los solicitantes y es el momento aprovechado por los funcionarios para cobrar por agilizar el documento, ya sea por inscripción de poderes o inscripción de sociedades en el área mercantil y registro de propiedades en el área de derechos reales.
“No falta la llamadita al celular donde te dicen: ‘doctor le puedo agilizar el documento, con cuánto va a colaborar’”, cuentan los afectados.
FAMOSAS RETENCIONES
Uno de los denunciantes guarda un escrito para inscribir una propiedad, con diez devoluciones por supuestos errores, mismo por el que está pagando trámite expedito, autorizado por la Corte, pero está solicitando su inscripción desde noviembre del 2011 y a la fecha no ha podido.
Al respecto el magistrado Rosales aseguró que se retienen por omisión de requisitos, pero que también revisarán cómo se está dando.
Mientras tanto, la doctora Myriam Jarquín, directora nacional de los Registros Públicos, expresó que se está trabajando en ese sentido y procurarán que los documentos se devuelvan una sola vez.
En febrero del 2010, la Corte Suprema de Justicia aprobó el proceso de agilización de trámites, que consiste en el pago diferenciado para entregar documentos en cinco días, supuestamente para evitar el pago “por debajera”, a como le llamó a las coimas en su momento la magistrada Alba Luz Ramos y el magistrado Francisco Rosales, pero según los denunciantes esto no ha servido de nada.
“La cantidad de dinero que se maneja ‘por debajera’ por cobro de agilizaciones es una vulgaridad, por eso la Corte se vio forzada a ordenar el cobro diferenciado, pero no ha servido de nada. El colmo es que existe una persona encargada de recoger ese dinero y entregarlo a quien está a cargo de la cadena de corrupción”, dijo otra notaria.
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