Gloria Picón Duarte
Harry Chávez, coordinador de proyectos electorales del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), manifestó que la iniciativa de reforma a la Ley Electoral enviada por el Gobierno la semana pasada a la Asamblea Nacional no toca de fondo el tema electoral, pero da la apariencia que se tiene la voluntad de componer el sistema.
Cabe señalar que la semana pasada el canciller de la República, Samuel Santos, en una gira por países europeos que han cortado la cooperación después de los fraudes electorales, señaló que las reformas al sistema electoral que recomendaron las misiones de observación se realizarían.
En una conferencia de prensa del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) conformado por 14 organizaciones de la sociedad civil, señalaron que al analizar la propuesta del ejecutivo ninguna de las recomendaciones realizadas por los organismo de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, fueron tomadas en cuenta, ya que no despartidiza al poder electoral, no es incluyente y no resuelve el tema de la transparencia.
Para el grupo, uno de los objetivos del Gobierno es introducir en esa reforma cosas que ha pretendido hacer por otra vía, pero que contradicen la Constitución, como es la reelección de los alcaldes.
Entre las demandas está la obligatoriedad de acreditar a observadores electorales siempre que sea solicitada.
Obligatoriedad del CSE de divulgar la totalidad de los resultados parciales, provisionales y finales a nivel de JRV con información completa previo a la declaración oficial de electos.
Obligatoriedad de realizar el proceso de verificación ciudadana masiva cinco meses antes del día de las elecciones. Mantener la cedulación con carácter permanente en los municipios, separando su administración de las estructuras electorales, eliminar la discrecionalidad con que administran y aplican los magistrados del CSE la Ley Electoral en cada proceso.
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“La intención del ejecutivo es seguir violentando la Constitución y la autonomía municipal al establecer la reelección continua de alcaldes y vicealcaldes y que estos no tengan la obligación de renunciar a sus cargos para postularse a otros cargos de elección popular e incrementan de forma irracional y antieconómica el número de concejales en el país”, señalaron mediante un pronunciamiento.
El grupo también explicó que con la propuesta para depurar el padrón electoral se violenta el derecho constitucional de votar de los ciudadanos establecido en el artículo 51 de la Constitución Política, ya que le otorga al Consejo Supremo Electoral (CSE) la posibilidad de excluir de oficio en el padrón electoral a aquellos ciudadanos que no han votado en las dos últimas elecciones.
EJECUTIVO SE BURLA
Chávez explicó que la depuración del padrón es un punto crítico, pero lo que hace el ejecutivo es una “burla” porque no toca aspectos claves como son las auditorías al padrón, la verificación ciudadana de manera amplia y con suficiente divulgación para que la ciudadanía pueda ir a hacer sus cambios.
El experto en temas electorales manifestó que en otras circunstancias el mecanismo propuesto podría ser viable, pero que en las condiciones actuales viene a ser un proceso “oscuro y atenta contra la libertad de los nicaragüenses” porque se atribuye al CSE la facultad de borrar a los nicaragüenses del padrón.
Chávez agrega que la propuesta de depuración que hizo Ortega es un elemento de distorsión y carece de elementos técnicos.
Cabe mencionar que en la propuesta del ejecutivo queda la opción de que quien sea retirado del padrón pero tiene la intención de votar, puede ir al CSE para que le restituyan su derecho, sin embargo Chávez se pregunta ¿dónde tiene que ir el ciudadano? cuando los Consejos Electorales Municipales (CEM) solo abren por dos meses, ¿cómo se va a dar cuenta el ciudadano que no está en el padrón si lo ponen noventa días antes de las elecciones y al rato no está?
Otro punto que no se toma en cuenta es el derecho a votar de los nicaragüenses del exterior. A criterio del GPRE, la propuesta realizada por el presidente inconstitucional no recoge las recomendaciones básicas de los organismos de observación electoral tanto internacionales como nacionales, aunque reconoce que recoge elementos positivos como la integración oportuna de los fiscales en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la integración de igualdad de género en la lista a cargos públicos.
En el pronunciamiento el grupo considera que es positivo abrir el debate sobre la importancia de optimizar y perfeccionar el CSE mediante reformas a la Ley Electoral sin embargo aclaran que ninguna reforma será eficaz sin antes haber nombrado a nuevos magistrados tomando en cuenta imparcialidad, profesionalismo e independencia.
INSISTIR EN DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS DEL CSE
Señalan que aún cuando ya está la convocatoria hecha para las próximas elecciones, no invalidan que se continúe demandando la elección de magistrados, por lo cual instan a la ciudadanía y a los mismos miembros de los partidos políticos a no abandonar la demanda del cambio de magistrados, ya que de lo contrario los nicaragüenses no tendrán ninguna garantía de que su voto será respetado.
Tanto Ipade como Ética y Transparencia, que son parte del GPRE, señalaron que ellos estarán vigilantes al proceso electoral municipales del próximo noviembre aún cuando no haya cambios positivos.
El grupo demanda que se tome en cuenta la propuesta de reforma a la Ley Electoral que se ha realizado desde la sociedad civil.
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