DAMASCO /AFP
Las fuerzas sirias sufrieron hoy miércoles las mayores bajas desde la instauración de un cese del fuego hace tres semanas, con la muerte de 22 de sus miembros en combates con militares disidentes cerca de Damasco y en la región de Alepo.
Quince miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos dos coroneles, perecieron en una emboscada tendida por los rebeldes -la más mortífera desde el 12 de abril- en la provincia de Alepo (norte), donde dos rebeldes también murieron, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).
Por otra parte, siete soldados y un desertor murieron en enfrentamientos cerca de Damasco, mientras en el este, el ejército sirio bombardeaba e incendiaba casas de militantes en las localidades de Deir Ezzor, precisó la ONG con sede en Gran Bretaña. Un civil también murió a manos de los soldados del régimen en Deraa (sur).
Esta intensificación de la violencia se da a pesar del despliegue el 16 de abril de un equipo restringido de observadores de la ONU encargado de vigilar la tregua, violada diariamente, de conformidad con el plan de paz del emisario internacional Kofi Annan.
El martes, la ONU acusó tanto al régimen como a los opositores de violar la tregua, destacando al mismo tiempo que los observadores en el terreno constataron que “armas pesadas” seguían presentes en las ciudades, en violación del plan Annan.
No obstante, el régimen de Bashar al Asad había aceptado esta iniciativa, lo mismo que la rebelión armada, menos equipada que las tropas gubernamentales.
Las fuerzas de la rebelión habían advertido que replicarían a todo ataque del ejército contra ciudades y poblados.
Los rebeldes dicen defender a los civiles de la represión de la revuelta popular contra el régimen que estalló el 15 de marzo de 2011. El gobierno no reconoce la amplitud de las protestas y afirma combatir a “bandas terroristas” acusadas de querer sembrar el caos.
Poco antes de la instauración de la tregua, las fuerzas sirias mataron al menos a 95 civiles y quemaron decenas de casas durante una ofensiva contra la provincia de Idleb, denunció Human Rights Watch hablando de “crímenes de guerra”.
El Consejo Nacional Sirio (CNS), principal coalición de la oposición, pidió a la ONU votar una resolución que obligue al régimen a poner fin “a la escalada de detenciones y crímenes y a la tortura sistemática de detenidos”. También pidió a los observadores visitar los centros de detención.
Un responsable de los Asuntos humanitarios de la ONU se encuentra en Siria “para coordinar” su acción con el gobierno para ayudar a un millón de personas afectadas por las violencias que sacuden al país desde hace más de 13 meses, indicó el portavoz de la ONU en Damasco, Jaled Masri. El martes, la violencia provocó 34 muertos.
Otra víctima de la violencia es la economía, que debería conocer una contracción “significativa” en 2012, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El plan Annan también prevé una misión más amplia de 300 observadores con mandato de la ONU, la liberación de los detenidos, el derecho a manifestar pacíficamente y la libre circulación de los medios de información y los humanitarios.
El mandato de 300 observadores (MISNUS) que deben ser desplegados rápidamente fue aprobado por un periodo inicial de 90 días por el Consejo de seguridad. Su número debería pasar a 100 de aquí un mes antes de alcanzar los 300. Pero la ONU anunció que Siria rechazó acordar visas a tres observadores internacionales.
El ministro sirio de Relaciones Exteriores confirmó el desacuerdo se refería a las nacionalidades pero no habló de “rechazo”.
Según diplomáticos, el gobierno sirio no quiere dejar entrar a ciudadanos de países occidentales como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido o Alemania, hostiles al régimen de Al Asad, o países árabes como Arabia Saudí y Catar que apoyan a la oposición.