WASHINGTON/AP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Honduras a adecuar los centros penales que no reúnen condiciones mínimas para garantizar una calidad de vida digna y que pone en riesgo la integridad de miles de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado hondureño.
En su informe posterior a la visita a Honduras entre 23 y el 27 de abril, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión dijo que la pretensión de realojar a los sobrevivientes del incendio que en febrero dejó 361 muertos en la cárcel de Comayagua “es contraria a la dignidad inherente del ser humano y los principios humanitarios básicos de una sociedad civilizada”.
Señaló que es “imprescindible” brindar asistencia psicológica a los sobrevivientes del incendio y a los familiares de los internos que perdieron la vida.
La Relatoría constató graves deficiencias estructurales en los establecimientos carcelarios de la nación centroamericana: hacinamiento; la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras; condiciones deplorables de higiene y salubridad; provisión inadecuada de alimentos y agua potable; asistencia médica insuficiente y escasez de programas de estudio y trabajo, entre otras.
La CIDH afirmó que la situación carcelaria se agrava debido a que la política de seguridad de Honduras se ha caracterizado por la aplicación de línea anticriminal de mano dura, basada en un enfoque eminentemente represivo caracterizado por la tipificación de nuevos delitos; el aumento de las penas; el uso abusivo de la detención preventiva; y la ausencia de mecanismos alternativos a la privación de la libertad.
“Este enfoque represivo que al estar acompañado del abandono de las cárceles por parte del Estado, genera que en la práctica no se alcancen los fines perseguidos, sino que por el contrario se aumenten los niveles de inseguridad”, señaló el comunicado de la CIDH.
La Comisión expresó preocupación por la falta absoluta de separación entre procesados y condenados, y entre hombres y mujeres.
Además criticó que las autoridades hondureñas entreguen aspectos esenciales de la administración de los penales a determinados reclusos denominados “coordinadores”, lo cual “ha generado altos niveles de violencia y corrupción, en un contexto de absoluta impunidad”.
“Honduras carece de un verdadero sistema penitenciario, puesto que su organización se limita al establecimiento de veinticuatro centros penales cuya custodia periférica está a cargo de la Policía Nacional, sin que existan unas políticas públicas integrales, una legislación adecuada, un presupuesto suficiente y un personal de guarda y custodia profesional y especializado”, sostuvo el documento.