Pocos días atrás, la ciudadanía conoció dos iniciativas de reformas a la Ley Electoral que develan dos intenciones totalmente opuestas. Una, la presentada por el presidente y la otra, la presentada por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), ambas fueron sometidas a la Asamblea Nacional.
La iniciativa de Ortega es totalmente cosmética y por ende, insuficiente. Es cosmética porque no responde a las recomendaciones de los organismos de observación electoral ni a las demandas de los partidos políticos ni a las de la sociedad civil en general. Dicha iniciativa no toca los cimientos del sistema electoral, que ha demostrado en dos elecciones consecutivas que con los actuales magistrados no respeta el voto ciudadano.
A la par de algunos ajustes cosméticos positivos, la iniciativa del ejecutivo establece nuevas restricciones y limitaciones a los ciudadanos y partidos, como por ejemplo: establece la exclusión automática del padrón a los ciudadanos que no hayan votado en las dos últimas elecciones generales y prohíbe el voto a quienes no estén en el padrón aunque la cédula diga que residen en el lugar; elimina la obligación del CSE de publicar el padrón y reduce el plazo de 30 a 20 días para entregarlo a los partidos; elimina la verificación ciudadana; excluye a los fiscales suplentes de participar en la Constitución de las JRV; elimina la prohibición de reelección de los alcaldes, reconociendo validez a las inconstitucionales sentencias 504 y 6 de la CSJ; deja a criterio del CSE si habrá una urna para cada tipo de boleta o si todas las boletas irán revueltas en una sola urna; amplía la participación de género 50/50 a las elecciones de diputados y aumenta dramáticamente el número de concejales en todos los municipios.
La intención del ejecutivo es hacer unos ajustes positivos cosméticos, mientras en otras áreas se retrocede en una forma sustantiva. En cambio, como veremos a continuación, la reforma planteada por la BDN es una propuesta integral que establece las modificaciones necesarias para restablecer la credibilidad del sistema electoral y garantizar el voto ciudadano, sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional y retoma todas las recomendaciones de fondo hechas por las misiones de observación electoral.
En síntesis, la iniciativa de reforma de la BDN prohíbe a los magistrados militar activamente en un partido que es fundamental para tener un CSE imparcial; profundiza la democracia mediante la elección uninominal de los 70 diputados departamentales; obliga al CSE a presentar en tiempo y forma los resultados preliminares detallados por JRV; manda al CSE a publicar junto a la convocatoria a elecciones, la totalidad de la normativa y manuales que regirán en los comicios; establece que los partidos en alianza que no alcancen el 4 por ciento pierden todos la personería jurídica; manda al CSE a resolver en un plazo de 15 días las consultas de los partidos o ciudadanos y a investigar de oficio o a petición de parte, los hechos violatorios a la Ley Electoral; manda al CSE a sesionar ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente a petición de un magistrado, a llevar actas de las sesiones, sanciona la inasistencia y obliga a los magistrados a firmar las actas.
Asimismo, la propuesta de la BDN regula detalladamente la observación electoral y establece la acreditación de observadores como una obligación del CSE, que además debe invitar a la observación internacional en la fecha de convocatoria a elecciones.
En fin, son dos iniciativas de reformas electorales con finalidades diferentes: la del Gobierno es simplemente cosmética y no cambia en nada sustantivo la situación actual, por lo que no restituye la confianza del ciudadano en el sistema electoral, la de la BDN sí es una reforma integral que, de ser discutida a aprobada en consenso, restituye la confianza ciudadana en el erosionado sistema electoral y garantiza la necesaria imparcialidad del CSE al prohibir que sus miembros tengan militancia partidaria.
El Gobierno está en la obligación de tomar en cuenta esta iniciativa si es que quiere ganar reconocimiento y legitimidad, no es arrollando e imponiendo que lo logrará.
El autor es diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense.
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