Hay una sensación de alarma generalizada por la penosa situación del sistema educativo nicaragüense. Solo el diez por ciento de la fuerza laboral ha aprobado la secundaria. Mirando hacia adelante, los expertos estiman que, al ritmo que llevamos, para lograr que la mitad de los jóvenes cuenten con la secundaria aprobada necesitaríamos otro cuarto de siglo.
Ante esta situación, es lógico que el tema continúe siendo una de las preocupaciones principales de los nicaragüenses y que se procuren fórmulas para encarar este problema. En esa línea, en los últimos meses se han hecho públicas algunas ideas y comentarios que buscan mejorar el sistema educativo. Pero no se trata de restaurar cosméticamente el modelo que es a todas luces inútil. Se requiere más bien una transformación estructural del sistema.
Uno de los graves problemas de esas propuestas es su pretensión distintivamente economicista, como si se buscara poner la educación al servicio exclusivo de los empresarios. Se ha dicho, por ejemplo, que el país requiere trabajadores entrenados para aumentar la productividad y que el crecimiento económico ayudará a resolver el dramático problema de la pobreza. Pero como se ha visto, habiéndose experimentado un pequeño crecimiento en los últimos años, las ganancias solo han engrandecido el bolsillo de los ricos de la vieja y de la nueva burguesía.
La calidad del sistema educativo no puede definirse según su impacto en el crecimiento económico, sino en función del desarrollo humano, cultural y social. La solución al malogrado sistema educativo no puede partir de una concepción de “línea de producción”, tiene que trascenderla y asumir principalmente dimensiones de carácter cultural y científico. La preocupación por una educación verdaderamente científica está en la agenda de todos los organismos internacionales hoy día, enfatizando la función formadora de la enseñanza de las ciencias. Esto ha sido abordado lúcidamente por expertos como Carlos Tünnermann y Rafael Lucio.
Tampoco se puede ignorar la importancia de los valores en la formación de personas comprometidas socialmente, solidarias y éticas. Ya sabemos que la pérdida de valores conlleva a la crisis dirigencial y a la mediocridad de las instituciones.
No podemos pasar desapercibidas tampoco algunas ideas equivocadas como utilizar la evaluación de los aprendizajes y medición de resultados para premiar o castigar a docentes y alumnos, o la receta de un currículo estandarizado y rígido, propuestas que no harían sino provocar mayores desequilibrios. Se necesita, en cambio, un sistema educativo que estimule la creatividad, planes flexibles y acordes a las necesidades particulares y locales, innovaciones curriculares y nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje.
Tampoco la cuestión se dirime en los simples términos de si deberíamos invertir más en la primaria o si la prioridad es preparar obreros calificados en vez de profesionales universitarios. Nicaragua cuenta a lo sumo con 20 científicos por millón de habitantes. De no mejorar estos índices el país estaría condenado al fracaso. Invertir mecánicamente las asignaciones presupuestarias a favor de la primaria y en detrimento de la educación superior es una equivocación mayúscula, entre otras razones porque la economía global, cada día más dependiente del conocimiento, exige mayor número de profesionales altamente calificados.
La oportunidad inaudita que tienen los pobres de estudiar en la universidad debería juzgarse como una conquista verdaderamente progresista y no menospreciarse como un derroche del dinero público.
En las propuestas, sin embargo, hay algunos elementos valiosos. Una recomendación de Funides, por ejemplo, propone ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación y mejorar los salarios de los maestros. Una redefinición de la estrategia de los docentes para reivindicar la dignidad del magisterio tiene que ir más allá de una lucha sindical limitada a la defensa del salario y enfocarse con mayor empeño en la campaña por un proyecto educativo avanzado y de calidad.
El mayor mérito del debate suscitado es propiciar la reflexión que conlleve a una acción educativa más eficaz. Otro acierto es la búsqueda de consensos pues la falta de un sistema educativo de calidad no es un asunto exclusivo del Gobierno, ni se le puede seguir encargando a la caridad extranjera. Se trata de un problema de toda la sociedad y, por ello, no puede haber lugar para la apatía.
La recomendación de que las universidades asuman cuotas importantes de la formación docente que necesita el MED sin duda será bien recibida. En ese sentido, las universidades podrían ser los motores de la transformación educativa que necesitamos. Esta podría asumirse como la tarea primordial de la educación superior y —a nivel de país— como la más noble y majestuosa obra colectiva.
El autor es doctor en biología molecular
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