ACAN-EFE
El estado de sitio decretado por el Gobierno en el poblado indígena de Santa Cruz Barillas, donde el martes se registraron violentos incidentes que dejaron un muerto, dos heridos y 12 detenidos, se mantendrá durante 30 días, informaron fuentes oficiales.
La presidencia publicó ayer en el Diario Oficial Centroamérica el decreto gubernativo que da sustento jurídico al estado de sitio, que restringe los derechos constitucionales de libertad de acción, reunión, locomoción y manifestación, y que según las autoridades tiene como objetivo “recuperar la gobernabilidad” del lugar.
El Gobierno envió al lugar a más de medio millar de soldados y policías para tomar el control del pueblo, y detener a 22 personas que las autoridades señalan de ser los líderes de las protestas.
El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, informó que entre los detenidos está una mujer de 70 años, en cuya casa encontraron algunos cartuchos de escopeta.
Los detenidos son acusados de haber liderado los violentos disturbios del 1 de mayo, cuando una turba de pobladores destruyó varios comercios, dos viviendas, parte de la municipalidad e ingresó al cuartel militar del lugar donde golpeó a varios soldados y robaron cuatro fusiles, tres de los cuales ya han sido recuperados.
La Comisión de Auditoría Social de Santa Cruz Barillas, integrada por los líderes comunitarios de esa población, por medio de un comunicado aseguró ayer que las acciones se originaron por el asesinato de un campesino “a manos de personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz, que huyeron con rumbo desconocido”.
En espacios pagados en la televisión, Hidro Santa Cruz, rechazó las acusaciones y acusó a los líderes de la comunidad de pretender “confundir” a los pobladores para que rechacen el proyecto hidroeléctrico que promueven.
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