Gloria Picón Duarte
En cambio, cuando el ciudadano llega a los entes institucionales, el funcionario muestra temor a dar respuesta y tiene que consultar a Managua.
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A unos días de que la Ley de Acceso a la información Pública cumpla cinco años de haber sido aprobada, los avances han sido muy pocos, así lo indica un monitoreo que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó entre febrero y abril, mediante solicitudes de información y evaluación de las páginas web de las instituciones del Estado.
“Seguimos estancados”, dijo Cristiana Chamorro Barrios, directora de la Fundación, quien agregó que aunque hay respuestas a las solicitudes en la mayoría de los casos (72 % de la muestra), en materia de calidad hay dificultades porque están incompletas, las dan de mala gana y hay mucho desconocimiento de los funcionarios que están a cargo sobre qué información pueden dar y cuál no.
En algunos casos, el que solicita la información es interrogado con preguntas como “para qué quiere la información”, “de dónde viene”, “para quién trabaja”, “quién lo manda”, se exige la identificación y a veces no solo la cédula de identidad, sino hasta carné partidario.
Chamorro Barrios indicó que hay un estancamiento, o mejor dicho un retraso en todo lo que es la materia digital, y que solo el Banco Central, el Instituto Nicaragüense de Energía y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) cumplen con los 10 requisitos que manda la Ley a poner en las páginas web.
Uno de los hallazgos del monitoreo es que los poderes del Estado no tienen oficinas de acceso a la información pública, ejemplo de ello es el Consejo Supremo Electoral (CSE) que a las puertas de un proceso electoral su página web está congelada con los resultados de las elecciones pasadas y no tienen oficina de acceso a la información.
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