Cuando las empresas comerciales importan mercadería, en la Aduana les retienen el 15 por ciento del IVA. Después las empresas lo recuperan al cobrárselo al público en su factura de venta. Pero hay empresas que le venden a ONG y al Gobierno para programas financiados por organismos internacionales que están exonerados del IVA y no se lo pueden cobrar. ¿Cómo recuperan ese dinero que entregaron por adelantado?
La DGI es quien tiene que devolverlo, pero para hacerlo somete primero a las empresas a auditorías exhaustivas (de todas sus operaciones) que tardan unos seis meses en iniciarla, duran de seis meses a un año haciéndolas, y una vez terminada tardan como un año para sacar el cheque. Eso significa que decenas de empresas tienen congelados por demasiado tiempo muchos millones de córdobas en manos del fisco. Dinero que es parte de su capital de trabajo con el que no cuentan, perjudicando gravemente su sanidad financiera, su flujo de efectivo, y si es una empresa pequeña puede hasta quebrar por eso, como de hecho muchas han quebrado mandando a centenares de personas al desempleo.
También la DGI cobra un anticipo del 1 por ciento de la venta como adelanto del Impuesto sobre la Renta (IR). Además, por cada venta con tarjeta de crédito cada establecimiento comercial debe pagar otro 1 por ciento adicional de anticipo al IR. Esos porcentajes son sobre el valor de la mercadería, no sobre la utilidad (que es el sentido del IR). Al final del Año Fiscal las empresas declaran y pagan su IR según sus utilidades, pero si de esas retenciones hay saldo a su favor, la DGI para regresarlo también exige una auditoría exhaustiva de seis meses a un año, y una vez terminada tardan otro año para sacar el cheque.
Aunque se haya hecho la auditoría y se reconozca que la empresa tiene un saldo a su favor, sea de IVA o de IR, no puede aplicarlo a otros impuestos, ni siquiera el IVA al IR o viceversa (?). Aunque la DGI le deba, la empresa tiene que pagarle más.
Los anticipos al IR suman otros muchos millones de córdobas que por demasiado tiempo retiene la DGI del capital de trabajo de decenas de empresas.
Con el Cosep, el Gobierno llegó al acuerdo de agilizar estos trámites y anticipar el 50 por ciento de la devolución del IVA antes de hacer la larga auditoría. Pero la DGI exige demasiados requisitos —diecisiete— para anticipar ese 50 por ciento, entre ellos fotocopia de cada factura y listados de las mismas en forma física y magnética; fotocopia certificada de cada declaración de importación; autorización del MHCP; libros diario y mayor; estados financieros certificados; detalle de cada carta de exoneración ¡y 10 requisitos más! ¿Para qué tantos por un anticipo si van a hacer después una auditoría? Y luego, tardan meses en sacar el cheque.
Creo que la DGI actúa contra el espíritu de los acuerdos con el Cosep y contradice los planes económicos del Gobierno para desarrollar el país. Perjudica a Nicaragua, al gobierno y a las empresas. ¡Qué ineficiencia!
El autor es abogado y periodista
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