Por: Auxiliadora Vázquez

Era octubre del 2004. “Carlitos”, de 2 años y medio, y “Manuel”, de 7, esperaban esa tarde a su madre, Silvia Aguirre, en el portón de la casa como todos los días. Ella siempre les llevaba alguna “cosita” al regresar del trabajo. Ese día no llegó y los niños esperaron y esperaron, y al final se fueron a dormir descorazonados. Nunca más volvió a llegar.

Poco después, Silvia fue encontrada descuartizada en San Francisco Libre, en unos predios donde localizaron algunas partes de su cuerpo. El asesino: Pedro Jiménez, su excompañero de vida y padre de “Carlitos” y “Manuel”, nombres ficticios de dos niños reales.

Durante los siguientes seis meses, “Carlitos” siguió sentándose en el portón de su casa todas las tardes para esperar a su madre. Así lo describe Sonia Aguirre, hermana mayor de Silvia y a quien le ha correspondido junto con sus padres la tutela de los menores. Para la familia de Silvia, aún con la ayuda de psicólogos, fue muy difícil explicarle a los menores que su mamá no volvería y que su papá estaba preso.

“Eso es bien doloroso y aunque el menor estaba por cumplir 3 años, tardó mucho tiempo para que articulara palabras, no podía hablar, pasaba el tiempo y junto al mayorcito se nos aislaban, se escondían en los rincones, no se integraban en la escuela, los cambiábamos de una escuela a otra”, agrega Sonia.

Fotografía familiar de quien en vida fuera Dolores Mantilla, asesinada por un vecino, en Pacayita, Masaya.

• Necesitan atención integral

  En Nicaragua no existe ninguna institución que brinde seguimiento a las sentencias judiciales contra asesinos de mujeres, tampoco se han realizado investigaciones que muestren la tragedia humana, datos precisos y análisis de las secuelas múltiples después del crimen contra una mujer; tipificado como femicidio en la Ley 779 de reciente aprobación.
  
  “El fenómeno de la violencia contra las mujeres y sus efectos catastróficos son tan grandes que todos deberíamos comprometernos a crear estrategias para construir una sociedad menos violenta y más sana”, manifiesta Ruth Matamoros, del Colectivo de Mujeres Venancia, de Matagalpa.
  
  “En el caso de niños que presencian el asesinato de su madre, existe un trauma que les va a perjudicar toda su vida. Se debe atender el entorno familiar, la mamá, la hermana, la tía. Se debe atender el núcleo principal que es la familia, pero también el entorno social”, enfatiza Doris Briones, psicóloga del Ministerio de la Familia en Estelí.

LA PRENSA/CORTESÍA.

Pensando en ayudar a los niños y que olvidaran un poco lo sucedido, los enviaron donde unos familiares fuera de Managua. Pero la imprudencia siempre está presente. Una vecina sin medir el daño preguntó: “¿Estos son los hijos del asesino de la Silvia? Si hasta se parecen a él...”.

Especialistas en el tema explican que cuando sucede un hecho de violencia extrema, como es el femicidio, debe atenderse el núcleo principal que es la familia, aunque también el entorno social. Pero ni las escuelas ni los centros infantiles, ni la comunidad misma, están preparadas para apoyar eficazmente este tipo de situaciones.

Para los hijos de Silvia, que hoy ya cuentan con 10 y 15 años de edad, el asesinato de su madre ha dejado profundas marcas emocionales que se manifiestan en un carácter inestable y contradictorio, a veces explosivo y tímido en otros momentos.

Sus mentes son un torbellino de emociones y contradicciones. Por un lado recuerdan a su papá cuando los sacaba a pasear y los llevaba en su vehículo, pero por otra parte saben que esa persona les quitó lo que más querían: su madre.

Doris Briones, quien labora como psicóloga en la sede del Ministerio de la Familia en Estelí, reconoce que actualmente no hay programas que atiendan específicamente este tipo de problemática o los efectos que provoca un femicidio en las familias de las víctimas. Y cuando llegan familiares solicitando ese tipo de atención al Ministerio de la Familia, los remiten a centros con mayor experiencia en el tema.

CRIMEN EN PACAYITA

En el 2010, 86 mujeres fueron asesinadas. Dolores Mantilla Araque es una de ellas. Una estadística apenas en los muchos informes de crímenes y femicidios en Nicaragua. No para “Glenda”, de 4 años, y “Samuel”, de 7. Para ellos es su madre. La madre que perdieron después que un vecino la apuñalara.

Sonia Aguirre, hermana de Silvia Aguirre, quien fuera descuartizada por su excompañero de vida y padre de sus dos hijos.

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A punto de estallar en lágrimas, Sandra Mantilla, una mujer de apariencia robusta y de voz fuerte, se resquebraja y le sale a flote toda la fragilidad emocional al recordar lo difícil que se les ha hecho la vida después de la muerte de su hermana Dolores o “Lola”, como la llamaban cariñosamente.

Apenas habían transcurrido cuarenta días después del crimen sucedido en Pacayita, Masaya, cuando salieron huyendo de la casa donde habitaban porque los familiares y vecinos del asesino identificado como Henry Calero, en defensa de este, las insultaban, apedreaban la casa y la vida se les estaba convirtiendo en un infierno permanente.

Después de la muerte de “Lola”, el papá quiso llevarse a los niños, pero a través del Ministerio de la Familia, tía y abuela materna lograron obtener la custodia de los menores.

Actualmente, viven en una pequeña “casa”, forrada de zinc y ripios de madera que aloja a los dos menores, pero que también es compartida con tres adultos y dos adolescentes. En ese pequeño espacio, también se albergan las preocupaciones del día a día. Nada ahí es de ellos, cuidan el lugar a un familiar que vive en Costa Rica. Cuando esa persona regrese al país, se verán obligados a desalojar.

¿Y cómo sobreviven económicamente? Hasta hace diez meses, Sandra lavaba y planchaba para resolver los gastos de sus tres hijos y los dos sobrinos. El padre, de oficio zapatero, también contribuye con lo que puede para la manutención de los niños.

Ahora Sandra casi no puede caminar. A su angustia se suma el padecimiento de lumbalgia y presión alta, pero que no asocia para nada con toda la situación que ha enfrentado después del asesinato de su hermana y madre de sus dos sobrinos

Aún así, semipostrada en una cama, en cuanto sale el sol comienza a armar sandalias de niños. “Las mando a vender y con lo que mi mamá recoge de la venta ambulante de frutas, ahí vamos sobreviviendo”, cuenta resignada a lo que hoy es su nueva realidad.

El niño mayor perdió el curso escolar el año pasado, no se concentraba y lloraba mucho, y aún no deja de preguntar por su mamá. Su hermanita ahora llama “mamá” a su tía Sandra, quien agrega con palabras entrecortadas, “y eso que ellos no vieron nada”, refiriéndose a que desconocen la historia verdadera de cómo murió su madre.

ESTADO DEBE AYUDAR

Doña Daysi Moreno, madre de Yerling López Moreno, asesinada hace un año en Estelí. El crimen no se ha esclarecido.

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Según Ruth Matamoros, psicóloga del Colectivo de Mujeres Venancia, de Matagalpa, el tipo de atención en estas situaciones puede ser preventivo a problemas de salud mental, pero también de atención a posibles daños y efectos de tipo emocional. El Estado tendría que concebir un plan para dar ese tipo de atención y mantener la atención primaria que permita prevenir cualquier tipo de violencia.

En otro punto del país, también se viven los efectos catastróficos de un doble asesinato de mujeres. La familia Hernández aún tiene vivos los recuerdos de sus hijas y hermanas Marcia y Massiel Hernández Flores, de 33 y 22 años respectivamente, quienes fueron asesinadas en marzo del año pasado en la comunidad Las Mercedes, ubicada a 20 kilómetros de Matagalpa.

Ambas jóvenes eran muy queridas en la comunidad por su compromiso cristiano. Precisamente, el día del crimen, cometido por desconocidos, ellas se dirigían a participar en el Vía Crucis que se organiza en esas fechas.

“Éramos cuatro, tres mujeres y un varón. Ahora solo quedamos mi hermana mayor y yo”, expresa Nieves Hernández, único hermano de las víctimas y quien todavía trata de encontrar una explicación a la tragedia.

Aunque los hechores fueron capturados, la familia de Marcia y Massiel se trasladó a vivir a la ciudad porque la mamá de las víctimas vivía en la comunidad junto con ellas, y al ocurrir la tragedia quedó viviendo sola.

La familia nunca vuelve a ser la misma. Ese asesinato es algo que nunca se olvida. “Mis hermanas eran humildes, trabajadoras, entregadas a su religión. Quisiera encontrar una explicación”, relata impactado el hermano de las víctimas.

¿Por qué sucedió eso? Es la pregunta que martilla por siempre la mente de las familias que perdieron de forma cruel a sus madres, tías, esposas o hermanas.

“ESTAMOS INVESTIGANDO...”

Cada recuerdo viene acompañado de lágrimas que fluyen como río, ante la incertidumbre y el dolor. Doña Daysi Moreno alza los brazos hacia el cielo y clama justicia. Asegura que solo se apoya en Dios, a quien le pide todos los días que acabe con la angustia de no saber quién y por qué asesinó a su hija Yerling Denisse López Moreno.

“Siempre que preguntamos nos dicen que están en investigaciones, en otras ocasiones rápido encuentran a los culpables. No fue un perro el que llegaron a matar a la casa, era un ser humano, era mi muchachita de apenas 22 años”, expresa aún conmocionada la madre de Yerling, mostrando a flor de piel toda la impotencia y el sufrimiento que representa perder a su hija de la noche a la mañana.

La ciudad de Estelí fue el escenario del crimen sucedido el 3 de mayo del año pasado. El cadáver fue encontrado dentro de la casa de la víctima, quien convivía junto con su esposo y su pequeña hija de apenas 2 años.

Posiblemente por la inocencia de su corta edad, aún no comprende que no gozará jamás de los cariños y mimos de su madre. Durante la entrevista, se acerca a la abuela materna y la abraza. Luego es llevada por una tía al fondo de la casa para evitar que la vea llorar.

De manera inexplicable, 12 días después de los hechos, padres, hermanos y esposo de la víctima fueron detenidos durante casi 24 horas para investigarlos. Fueron citados a la seis de la mañana en la Estación de Policía de Estelí. Danilo López, el padre de Yerling, se encontraba recién operado de una pierna y considera que la actitud de la Policía fue inhumana, y aunque denunciaron en las instancias correspondientes lo que consideran un atropello a sus derechos, no hubo sanción para nadie.

“Uno siente el dolor hasta que lo vive en carne propia y ahora yo hago oración por todas esas mujeres asesinadas, por los hijos de esas mujeres, es algo horrible, es una crueldad, y ni las autoridades ni el Gobierno se pronuncian ante esto”, manifiesta conmocionada Daysi.

Y es que al dolor y luto que provoca en las familias el asesinato de una mujer, también se une todo un calvario para que se haga justicia. A veces porque el asesino no es capturado y el crimen se mantiene en el misterio, como en el caso de Yerling y otros cientos de crímenes contra mujeres.

Por otro lado, cuando el victimario es capturado y condenado, la familia de la víctima vive con la incertidumbre de que lo dejen en libertad, principalmente con la fragilidad que ha mostrado la justicia en Nicaragua para castigar la violencia contra las mujeres.

Es lo que sucede con el asesino de Silvia Aguirre, pues el “descuartizador”, después de múltiples audiencias y juicios, fue condenado a 30 años de prisión.

Pero desde el año pasado, bajo el argumento de “buen comportamiento” y que se ha “convertido en hermano”, los abogados del criminal están solicitando que se le aplique régimen semiabierto que le permitiría pasar los fines de semana en su casa.

Por eso, durante casi ocho años la familia ha asumido una lucha para que el asesino no salga de la cárcel. Sonia expresa con angustia que cada vez que habla con los medios y remueven el crimen, también siente que sepulta y expone a los niños. Pero “no hay otra salida”, porque la denuncia pública es la única arma que ha encontrado para sensibilizar a los jueces y a la justicia para que mantengan firme la sentencia.

Ante la retardación de justicia, por la mente de algunas familias de mujeres asesinadas también ronda el deseo de hacer justicia con sus propias manos. Así lo cuenta Francisco Arcia Flores, padre de Guadalupe, quien a sus 19 años fue asesinada y su cuerpo encontrado a orillas del río El Tular, en Estelí.

La jovencita era una de las hijas menores de una familia de diez hermanos. Era octubre del 2009, y el crimen fue cometido por su compañero de vida, Víctor Medina Obando.

Actualmente, a sus 67 años, el padre de Guadalupe se encuentra muy enfermo y su rostro denota las secuelas del sufrimiento y agotamiento. Durante más de un año emprendió una lucha intensa para que se hiciera justicia ante el crimen cometido.

“Toqué puertas, pedí ayuda a las organizaciones de mujeres, a la Comisaría, no me despegaba de la Policía, investigaba, les daba información, en fin, casi me volví loco… Hasta que casi dos años después lo capturaron y condenaron a 29 años de prisión por el delito de asesinato atroz y haber falsificado su identidad cuando huía de la justicia”. Aunque —agrega— eso no le devolverá a su hija Guadalupe, pero al menos el culpable está pagando el crimen. Con toda franqueza expresa que por su mente pasó hacer justicia con sus propias manos.

Mientras, para aliviar su dolor, la madre de Yerling visita el cementerio a cualquier hora y cuenta que platica frente a la tumba de su hija y eso le ayuda a veces a sentirse mejor y sobrellevar esta pesadilla.

“Yo te digo, han pasado casi ocho años, y parece que fue ayer, eso no se borra de la mente. Una cosa es que tu familiar muera por enfermedad, un accidente o por los designios del Señor; pero que sea asesinada por el propio padre de sus hijos y que hasta hoy no logremos sepultar siquiera el cuerpo completo... Eso es terrible, difícil de asimilar”, expresa con sufrimiento Sonia Aguirre.

Después del asesinato de “Lola” nada volverá a ser igual, comenta Sandra Mantilla. “A cada rato estoy preguntando dónde está la niña, el niño y cada vez que oigo noticias que matan a una mujer me pongo grave. Ese infeliz que mató a mi hermana está preso, su familia lo va a ver, ¿y los hijos de mi hermana qué?”.

Marcia y Massiel Hernández Flores, de 33 y 22 años respectivamente, fueron asesinadas en marzo del año pasado en la comunidad Las Mercedes, Matagalpa. La Prensa/Cortesía

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