Freddy Potoy Rosales
Los diputados del régimen que impera en Nicaragua deberían actuar para otros casos, con la misma celeridad con que lo hicieron ayer con el funcionario de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), el liberal arnoldista Julio César Osuna Ruiz, quien según las investigaciones de la Policía orteguista está vinculado con delitos de crimen organizado, transporte internacional de droga, lavado de dinero y falsificación ideológica.
Cuando a los entonces funcionarios legales (en diferentes instituciones del Estado) se les vencieron sus períodos para desempeñar sus cargos, estos debieron cesar en los mismos. Los diputados de la Asamblea Nacional habrían tomado dos decisiones: prorrogarlos en sus cargos o nombrar a nuevos funcionarios.
Sin embargo, los parlamentarios no lo hicieron y más bien el presidente inconstitucional Daniel Ortega, alimentando la estela de corrupción institucionalizada en que mantiene al país, mediante decreto permitió que todos los funcionarios con mandatos vencidos continuaran en sus puestos.
Ironías de la vida. Los colegas de Osuna Ruiz en el CSE (todos violando la ley por mantenerse en sus puestos sin que la Asamblea Nacional los ratificara), además de guardar una enorme distancia con él, algunos dicen que sus actos no desprestigian a la institución que ellos dirigen; mientras otros se rasgan las vestiduras sosteniendo que “es una vergüenza”.
Claro, los que afirman lo primero tienen razón. El CSE ya está desprestigiado y los que sostienen lo segundo, también tienen razón, porque no solo los actos de Osuna son una vergüenza, sino todo el rosario de arbitrariedades de ellos que han destrozado la institucionalidad en Nicaragua.
Los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) bien consideran que la participación de Osuna Ruiz en los supuestos ilícitos “refleja la podredumbre” que existe en el CSE, integrado por magistrados afines en su mayoría al oficialismo que han sido blanco de numerosas críticas.
“Nos damos cuenta que un narcotraficante con 1,500 dólares en la mano puede conseguir una cédula del CSE para poder hacer sus fechorías” en Nicaragua, lamentó el diputado Eliseo Núñez Morales durante el debate parlamentario.
Toda esta burbuja de corrupción que envuelve al país es propicia para que los abusivos en el poder hagan sus jugadas con fines políticos, sobre todo este año en que se pretenden realizar elecciones municipales con los mismos funcionarios de facto.
Pero además, el ambiente es idóneo para que el régimen amenace a sus opositores y condicione ciertas acciones políticas que lo favorezcan. Con el caso Osuna Ruiz se envía el mensaje de que si al “magistrado suplente” (lo correcto es llamarlo funcionario de facto) lo encarcelaron sin antes quitarle la inmunidad y le montaron aceleradamente un proceso judicial, a cualquier mortal sin inmunidad le puede pasar lo mismo o cosas peores. Cabe aclarar que quitarle la inmunidad a Osuna también era un acto innecesario porque no era funcionario legal, no obstante, el espectáculo político tenía que seguir su guión.
Lamentablemente ese es el clima que vive el país y no solo los opositores han probado de esta medicina, sino otra cantidad de sandinistas que han cometido la osadía de cuestionar los actos de sus dirigentes que están al margen de la legalidad.
Todo esto que está pasando con el desborde de corrupción en las instituciones del país es grave y justamente lo propicia el gobierno de turno. Los soberbios que ostentan el poder deben poner fin a sus tropelías y en el marco de la legalidad, nuevamente construirse las bases para un verdadero Estado de derecho, el cual no existe porque la poca institucionalidad que estaba, fue demolida por quienes ahora se consideran impolutos e “imparten justicia” a los demás.
Los poderosos deben tomar nota de que están a tiempo para volver por los senderos de la legalidad, institucionalidad, democracia y el respeto a los derechos humanos, antes que sea tarde y el mal en todas sus manifestaciones rebase a lo que queda de instituciones. Así como vamos, tarde o temprano, no solo el narcotráfico, sino también los asesinatos, homicidios, violaciones y otros delitos golpearán más a la sociedad. El pueblo de Nicaragua debe reaccionar ante este flagelo y contra la indolencia de los gobernantes antes que el sufrimiento sea peor.
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