Tania Sirias y NoeL Gallegos
Luego del escándalo de las narcocédulas, donde se encuentra involucrado el exmagistrado suplente Julio César Osuna, la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) le orientó al diputado Pablo Ortez, presidente de la Comisión de Probidad, que impulse la apertura de un proceso exhaustivo de investigación, sobre el proceso de cedulación.
Sin embargo, los diputados esperan ir más allá, pues la intención es investigar el enriquecimiento instantáneo de Roberto Rivas y la función que tienen los magistrados del poder electoral, ya que en las narices de los magistrados de facto Osuna utilizó recursos y tiempo del Estado para actividades ilícitas.
Alberto Lacayo, vicejefe de bancada, opinó que la Comisión de Probidad debe iniciar una investigación amplia sobre el origen de la fortuna de los diferentes miembros del poder electoral.
“Lo que ha sucedido entre el narcotráfico y el Consejo Supremo Electoral es escandaloso, por lo que se pide cambio total de todos estos funcionarios, pues es necesario que se brinden las condiciones necesarias para poder ir a las elecciones”, sostuvo Muñoz.
Expresó que en este momento la población no tiene confianza para ir a votar en las elecciones municipales, cuando se habla del narcotráfico ligado a la otorgación de cédulas en el país.
“Hay ciudadanos que esperan años por su documento de identidad y por mil dólares un delincuente internacional puede obtenerla. A eso hay que sumar la partidarización de la cedulación a favor del partido del Frente Sandinista”, dijo Muñoz.
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“Con lo que se ha visto en el caso de Osuna, donde se trasegaban millones de dólares, ahora la población puede darse una idea de dónde pueden venir las viviendas palaciegas de algunos magistrados usurpadores”, dijo el legislador.
Argumentó que un hombre honrado y con gran éxito empresarial es difícil que en tan poco tiempo tenga esa fortuna tan bondadosa, “a no ser que sea una bendición del cielo, que le haya venido de una forma cardenalicia, porque de otra forma es muy difícil de explicarlo”.
CULPABLE POR OMISIÓN
En la opinión de Lacayo, el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) pecó por omisión, ya que andaba más preocupado pensando cómo “hacer otro fraude electoral, ‘preñando urnas’ a favor del Frente Sandinista”, en vez de supervisar y medir las actuaciones de los funcionarios de este poder del Estado.
“La Contraloría debería actuar, pero todos sabemos que esta institución se encuentra ciega, sorda y muda. Creo que los que van a tener que hacer presión será la sociedad organizada, los medios de comunicación y los demócratas, para llegar a la verdad en este caso”, dijo el diputado de la BDN.
RECURSOS MAL UTILIZADOS
Lo que más pesar da, dijo Lacayo, es el derroche de recursos en un país tan pobre como Nicaragua.
Insistió que la Policía debe ahondar en esta investigación, pues en el caso Osuna “hay gato encerrado”, ya que este era un funcionario con bajo rango, pero tenía oficina, personal a cargo y vehículo asignado.
“¿Cómo es posible que Rivas diga que no se daba cuenta de lo que hacía Osuna? ¿No se daba cuenta cuántas veces salía en vehículo del CSE hasta Costa Rica?”, cuestionó Lacayo.
CAMBIO DE MAGISTRADOS
El diputado nacional de la Alianza PLI, Eliseo Núñez, dijo que ahora la sociedad nicaragüense corre peligro, por supuesta infiltración del narcotráfico en las entrañas de este poder del Estado.
“Ahora ya no están en riesgo las elecciones, sino que está en riesgo también la seguridad nacional, al tener narcomagistrados, y la posibilidad de generar un Estado paralelo que trabaje para el crimen organizado”, estimó Núñez.
“Vamos a hacer énfasis en los cambios de magistrados (del CSE), porque creemos que el problema de Osuna no es un problema aislado”, dijo Núñez.
Núñez agregó que su bancada está apostando a un cambio equitativo con los magistrados del CSE, y que guarde el equilibrio entre las dos fuerzas políticas. También afirmó que los candidatos que proponga su bancada “no estarán en funciones partidarias”.
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