La 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el lunes y el martes de esta semana en Cochabamba, Bolivia, ha sido un escenario propicio para que los gobernantes autoritarios de América Latina dispararan al corazón del sistema interamericano de defensa de los derechos y libertades individuales, la democracia y la libertad de prensa, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se menciona, en beneficio de esta Asamblea General de la OEA, la aprobación de la llamada Carta Social de las Américas, después de seis años de discusión, en la cual se reconocen formalmente los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos de la región. La Carta Social completa el trípode de la base institucional en la que se asienta el sistema interamericano, cuyos otros dos pilares son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en noviembre de 1969 en Costa Rica y la Carta Democrática Interamericana adoptada en Lima, Perú, en septiembre de 2001.
Pero la Carta Social de las Américas es una declaración de intenciones y aspiraciones socioeconómicas y culturales, que solo se podrán alcanzar gradualmente en la medida en que los países creen las condiciones y desarrollen sus propias capacidades para financiar el progreso social y la prosperidad material de sus pueblos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, en cambio, constituyen compromisos jurídicos esenciales cuyo cumplimiento depende de la voluntad política de los gobiernos, o mejor dicho de los gobernantes, pero en los países dominados por regímenes populistas no se cumplen cabalmente y a juzgar por lo ocurrido esta semana en la OEA, a partir de ahora se cumplirán mucho menos.
¿Pero cómo se van a cumplir esos compromisos si en vez de aprobar medidas para mejorar la defensa de la democracia y los derechos humanos, y obligar a los Estados Miembros de la OEA a respetarlos, lo que se ha hecho en Bolivia es buscar cómo abolir, restar fuerza o quitarle independencia y eficacia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la única entidad hemisférica que se ha esforzado por cumplir sus atribuciones y que ha funcionado de manera satisfactoria precisamente por ser autónoma de los gobiernos?
Los gobernantes populistas que se están erigiendo de hecho en la nueva fuerza hegemónica dentro de la OEA, en sustitución de Estados Unidos, pretenden que los derechos humanos sean puestos bajo el “cuidado” de farsantes politiqueros como los que en Nicaragua detentan los cargos de procurador y subprocurador de Derechos Humanos, que están allí para justificar los atropellos gubernamentales. Y al parecer lo van a lograr, porque lamentablemente la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos ya no es una preocupación primordial de la OEA, aunque no por la fuerza de los regímenes autoritarios de los Chávez, Correa, Morales y Ortega, sino por la debilidad o la claudicación de los mismos gobiernos democráticos.
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