Managua/ACAN.EFE
El asesor para asuntos ambientales del Gobierno, Jaime Incer Barquero, dijo hoy que Costa Rica no tiene opinión vinculante sobre la futura construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, aunque aceptó que sí puede hacer observaciones.
“Costa Rica no tiene ningún derecho (…) según fallos, sentencias y acuerdos, puede hacer observaciones, a título de observación, pero eso no inhibe a Nicaragua a hacer lo que va a hacer”, sostuvo el asesor ambiental al Canal 63 de la televisión local.
El presidente inconstitucional, Daniel Ortega, envió el pasado martes a la Asamblea un proyecto de ley para autorizar la construcción, en un plazo máximo de diez años, de un canal interoceánico valorado en 30.000 millones de dólares.
Un día después, la Cancillería de Costa Rica afirmó que Nicaragua debe pedir su opinión respecto al proyecto del canal navegable, al considerar que podrían afectarse sus derechos y pidió documentación sobre la iniciativa.
Costa Rica señaló que Nicaragua “debe acatar lo dispuesto en el Tratado de Límites de 1858 y en el Laudo Cleveland de 1888”, acerca de consultar a Costa Rica sobre el proyecto del canal.
Incer Barquero, por su parte, indicó hoy que Nicaragua todavía no ha decidido cuál será la ruta del canal navegable. Agregó que de utilizarse el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, para avanzar con la obra, ninguna “oposición” de Costa Rica tendría “validez”.
“La inquietud de Costa Rica, realmente como nosotros decimos, es orinar fuera del guacal (olla)”, resumió el también científico y ecologista nicaragüense.
La postura de Costa Rica respecto al canal “no nos debe importar un comino, porque ellos no tienen ningún derecho de alterar nuestra decisión soberana de utilizar el río San Juan”, insistió.
Admitió que Nicaragua “podrá consultar” a Costa Rica sobre la obra, pero subrayó que las opiniones de ese país no van a “restar el propósito” de Nicaragua de continuar con la iniciativa.
Las relaciones entre ambos países están afectadas por otros dos casos que han sido elevados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En octubre de 2010 Costa Rica acusó a Nicaragua ante la CIJ de invadir con militares y civiles y causar daños ambientales a un humedal fronterizo en el Caribe, en un territorio que ambos países reclaman como propio.
Cinco meses después, la CIJ ordenó a los dos países abstenerse de enviar personal de seguridad, militar o civil, a la zona en disputa.
Por su parte, Nicaragua denunció el pasado 23 de diciembre a Costa Rica ante la CIJ al argumentar que la construcción de una carretera de 160 kilómetros a la margen sur del río San Juan causa graves daños medioambientales al “frágil ecosistema” en esa zona, lo que San José niega.