Ramón H. Potosme
La última vez que Rommel Constantino se miró medio desnudo fue en medio de la selva donde había un gran claro de árboles caídos. Se trataba de uno de esos grandes mordiscos perpetrados a la reserva de biosfera de Bosawas. “¿Cómo llegaron los mestizos? ¿Cómo le hicieron?” Se preguntaba y la única respuesta que encontró es que no es posible sino por intereses partidarios o económicos que amenazan la seguridad de las comunidades indígenas.
El relato de Constantino, presidente del gobierno territorial Wanky Twi Tasba Raya, es uno de los tantos que se cuentan en el Caribe donde los pueblos originarios ven perder su cultura junto al bosque. Historias a la vez reprimidas que desean ser contadas al país entero como para pedir que se les escuche y buscar soluciones.
El último encuentro indígena reunió a las autoridades de 22 territorios, 17 de ellos han sido titulados por el Gobierno y cinco están en el proceso de demarcación. Estos últimos, según el procurador general de la República, Hernán Estrada, y el secretario de desarrollo para la Costa Caribe, Lumberto Campbell, quienes viajaron a Bilwi para reunirse con las autoridades indígenas, serán titulados antes de finalizar el 2012.
Las autoridades de 17 territorios indígenas dieron por iniciado el proceso de saneamiento en el encuentro en el que por primera vez las autoridades estatales hicieron compromisos concretos para iniciar el proceso de limpieza de los territorios indígenas invadidos por colonos mestizos.
Las expresiones de los líderes coincidían en pedir el desalojo de los mestizos que en algunos casos superan en número al de las familias indígenas.
En el evento hubo decenas de historias como la desaparición de los chanchos de monte o de los pavones a causa del despale indiscriminado. Los líderes llamaron a mantener la cultura evitando el cambio del uso del suelo de bosque al de ganado, este último priorizado por los mestizos en las zonas de conflicto.
El saneamiento implica expulsar a los colonos mestizos o terceros como los llama la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. Y por otro lado, llegar a acuerdos de convivencia si así lo deciden las comunidades. También se establece que quienes tengan títulos de propiedad anteriores a 1987 podrán tener derechos o serán indemnizados.
Pese a ello, de acuerdo con Bautista, Constantino y McDavis, desde que se comenzó a hablar de la titulación en el 2003 ha aumentado el número de colonos.
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Haydey Bautista, presidente del Gobierno Territorial de Awaltara en la RAAS.
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SE CONFORMARÁ COMISIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO
La mayoría de los territorios no tiene estudios precisos de cuántas familias de colonos están en sus tierras, pero debe determinarlo un diagnóstico para dialogar y buscar salidas pacíficas al conflicto que ha dejado muertos en ambos lados. El último caso fue el del territorio Mayangna Tuahka, en Rosita, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en el que murieron comuneros y colonos en enfrentamientos el año pasado.
Campbell por parte del Gobierno se comprometió a iniciar la conformación de una comisión nacional de saneamiento para dar cumplimiento a la Ley 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Ello implicará dotarla de recursos para que sea realidad.
Adicionalmente, el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldaría el proceso y además su institución investigará a los abogados que trafiquen con tierras. También sancionará a quienes inscriban títulos de propiedad ubicadas en territorios indígenas.
El Gobierno además se comprometió a garantizar la propiedad comunal a través de efectivos de las fuerzas armadas, en el caso de Bosawas, a través del batallón ecológico.
Todos estos acuerdos deberán ser evaluados el próximo 15 de julio, cuando se conozcan los pasos concretos a la entrega real de las tierras a los pueblos indígenas.
Los nativos que reclaman derechos de propiedad son mayangnas, miskitos, ulwas, ramas, creoles y garífunas. Todos ellos, una vez concluido el proceso de demarcación y titulación, tendrán bajo su dominio una extensión de 32 mil kilómetros cuadrados.
Pese a ello, el procurador Estrada señaló que la responsabilidad debe ser de ambos lados, y deben haber mecanismos para sancionar a líderes indígenas que afectan a sus comunidades haciendo trato con terceros.
En ese mismo sentido, Campbell señaló que no se debe olvidar que hay quienes traicionan a sus comunidades. Además exhortó a mantener la calma para evitar la violencia insistiendo que es un proceso que no se puede hacer de un día para otro.
ESTÁN DESAPARECIENDO LOS CHANCHOS DE MONTE Y LOS PAVOS
Al respecto Haydey Bautista, la presidente del gobierno territorial de Awaltara en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), consideró que deben investigarse cada caso y si resulta un comunitario, deberá ser sancionado. En ese sentido, Simon McDavis, presidente del Gobierno Territorial Twi Waupasa en la RAAN, coincide en que en efecto hay líderes indígenas que han traicionado a su pueblo. Según él, eso debe ser sancionado tal como lo establece la Ley, porque vender una propiedad que no es suya sino de la comunidad es robar. Insistió en que la comunidad nunca vende su tierra.
“Porque hoy en día ya no existe un pavo en el monte, el chancho de monte que es la subsistencia del pueblo indígena. Hoy hay solo pastizales, son cosas que vienen cambiando las culturas, es por eso que nosotros estamos aquí”, dijo McDavis.
El compromiso del Gobierno se hizo hasta este año, pese a que la Ley 445 establece que tras la titulación debería pasar al saneamiento. Los líderes indígenas expresaron que había una lentitud en llegar a ese último paso, como esperando que pase el tiempo y no haya bosque que defender. Diferentes líderes acusaron a secretarios políticos del Frente Sandinista y miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, así como a alcaldes y a gobiernos liberales de llevar colonos hasta la zona para ganar votos.
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