Activos

La OCDE propone que se fije la edad de jubilación
en función de la evolución de la esperanza de vida.
LA PRENSA/AFP
París-EFE
La previsible caída de las pensiones por el envejecimiento de la población requiere un retraso todavía mayor de la edad de jubilación y completar los sistemas públicos con fondos privados pese a los riesgos financieros que entrañan, según la OCDE.
En su primer informe de perspectivas sobre las pensiones publicado ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pronunció por ir más allá de la jubilación a los 67 años y fijar un mecanismo que automáticamente fije la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida.
Ese mecanismo, reconoció, es a menudo “complejo, difícil de entender y crea incertidumbre sobre los beneficios futuros” por eso se necesita una aplicación gradual y transparente que permita a cada persona adaptar sus estrategias de ahorro a los cambios.
La organización constató que las reformas realizadas en el último decenio en sus países miembros suponen una reducción de los beneficios de las pensiones públicas de un 20-25 por ciento, y esa tendencia debería ser todavía más marcada en el futuro.
En la práctica, las personas que empiezan a trabajan ahora pueden esperar de media en los 34 países de la OCDE una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración en caso de que completen el periodo de cotización.
Esa “tasa de reemplazo” es del 68.9 por ciento si se suma la contribución de los fondos privados en los 13 Estados donde es obligatorio completar con ellos la cotización al sistema público, pero hay muchas diferencias entre ellos.
Los autores del informe se pronunciaron a favor de favorecer los fondos privados de pensión, y en particular por hacerlos obligatorios como complemento de los públicos, sobre todo en los países donde la “tasa de reemplazo” es inferior al 60 por ciento del sueldo del trabajador ya que de lo contrario muchos jubilados pueden caer en la pobreza.
De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el gasto público en pensiones subirá de una media del 9.3 por ciento en 2010 al 11.7 por ciento en 2050.
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