Gloria Picón Duarte
El experto en derecho constitucional Gabriel Álvarez, calificó de anómalo y atípico el contrato por servicios profesionales que el Consejo Supremo Electoral (CSE) les quiere hacer firmar a los presidentes y primeros miembros de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER) del Partido Liberal Independiente (PLI).
- “Dejan abierta una enorme dosis de confusión, precariedad y podría estar dejando abierta alguna posibilidad de actuación al CSE que no está permitida, por ejemplo reducirle el periodo que establecen las normas jurídicas o prescindir de sus servicios”.
- Gabriel Álvarez, sobre contrato por servicios profesionales
- de los CED y CER
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Según Alvarez, con ese contrato se está “privatizando el poder electoral” porque se está integrando con ciudadanos que no responden a la ley sino a cláusulas contractuales que no están muy definidas y por tanto la discrecionalidad se ensancha tanto que se convierte en una arbitrariedad.
Señaló que los contratos enviados por el CSE a los presidentes y primeros miembros de los CED no tienen ningún valor o efecto jurídico.
Explicó que el artículo cinco de la Ley Electoral establece que el CSE está integrado por el CSE, los consejos electorales de los departamentos, las regiones autónomas, los municipios y las Juntas Receptoras de Votos, los cuales por su naturaleza pública, los miembros que lo integran tienen también naturaleza pública.
“Ellos son empleados públicos por el periodo que la Constitución y la Ley lo establecen. En este caso, el acto jurídico que les asigna tal carácter es el acto del nombramiento, no son funcionarios contratados, sino que son nombrados.
Los magistrados son nombrados por la Asamblea Nacional y luego los CED son nombrados por el Consejo Supremo Electoral, este nombramiento es lo que perfecciona el acto y la toma de posesión le da eficacia al acto”, recalcó Álvarez.
El jurista explicó que las atribuciones de los miembros de los CED son de la misma naturaleza jurídica que la que tienen los magistrados del CSE y hacerles firmar un contrato por servicios profesionales es como si se le hubieran hecho firmar un contrato al magistrado presidente de facto del CSE Roberto Rivas Reyes que fue nombrado por la Asamblea Nacional hasta el 2010.
“Lo propio sería que enmienden este disparate”, manifestó Álvarez, quien agregó que los miembros de los CED que tomaron posesión de sus cargos no tienen por qué firmar este tipo de contratos.
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