Leónidas Tapia Sánchez
“Los derechos de los niños y adolescentes, constituyen un factor importante del Estado de Derecho de toda nación porque tutelan a la parte de la población más susceptible, dependiente y en desarrollo (físico y mental). Por tal razón se han creado instrumentos jurídicos internacionales que instituyen y reconocen estos Derechos. El más importante a la fecha es la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU, el 20 de Noviembre de 1989. Nicaragua, reconoce su plena vigencia en el Arto 71 párrafo 3º de su Constitución Política.
En 1998 entró en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia que recopila una serie de derechos y establece en su libro Tercero la Justicia Penal Especializada en la Materia, esta última también reconocida por nuestra Constitución en su Arto 35, la cual urge de una reforma.
Entre tales derechos tenemos: El derecho a la educación, la salud, a la dignidad, a la recreación sana, a una alimentación adecuada, a un hogar, a una familia, a la no explotación laboral ni sexual, a ser juzgado y corregido apropiadamente, entre muchos otros.
Nicaragua, según Wikipedia, al año 2008 tenía una población de aproximadamente 5.7 millones de habitantes, donde más de la mitad oscilaba entre los 15 y 64 años. La población de 0 a 14 años es de 34.6 por ciento, de 15 a 64 años el 62.1 por ciento y de 65 años o más, es del 3.3 por ciento). Los adolescentes y los niños constituyen un segmento poblacional grande que no puede obviarse. Cada día más jóvenes se incorporan en nuestra sociedad, y esto requiere más recursos para atender sus necesidades educativas, de salud, económicas y sociales. No todos acceden a la educación primaria y secundaria, y pocos la finalizan.
La apatía estatal, la pobreza, el desempleo, entre otros, son causas por las cuales muchos niños y adolescentes no pueden desarrollarse en pleno goce de sus derechos y son causas propicias para caer en las redes de la delincuencia.
El Artículo 10 del Código de la Niñez establece el principio fundamental del “Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente” el cual debe primar siempre y se refiere a “todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado”. El Estado y demás instituciones involucradas y la misma ciudadanía en general tienen que velar porque se haga cumplir a cabalidad este principio fundamental y además los derechos de los niños y adolescentes dándole seguimiento al problema, creando más políticas públicas, promoviendo la creación de más y mejores leyes conexas, construyendo y mejorando escuelas, albergues, reformatorios, centros de recreación infantil y deportivos, entre muchas otras.
Los niños en los semáforos, los trabajadores del campo, los que viven en extrema pobreza, los adolescentes convictos (delincuentes), la explotación infantil, laboral y sexual, etcétera, son prueba clara que en Nicaragua, los derechos de los mismos no se cumplen a cabalidad. Por tales razones urgen más acciones reales e integrales y así enfocarnos en prevenir la delincuencia juvenil.
Los derechos de los niños y adolescentes son de gran importancia para todos porque velan en un momento presente por los seres humanos que se harán cargo de las riendas de nuestra sociedad en el mañana.
El autor es abogado.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
