Humberto Galo Romero
Mañana viernes 22 de junio será una fecha histórica para la justicia en Nicaragua, ya que entrará en vigencia la Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Ley 779.
Esta normativa jurídica establece para los hombres sanciones por maltrato físico, emocional, económico y contempla pena de hasta 30 años para quienes sean encontrados culpables de femicidio, delito tipificado como la máxima acción de violencia contra las mujeres.
Sin embargo, por ahora, el mayor obstáculo para la implementación de esta ley es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dispone de los fondos necesarios para crear a nivel nacional los juzgados en los que se dará tramite a este tipo de delitos.
“En lo que resta del año, necesitaremos aproximadamente un millón de dólares para que estos juzgados inicien a operar”, manifestó la magistrada Alba Luz Ramos, presidente de facto de la CSJ.
De acuerdo con Ramos, la solicitud para obtener esta suma ya ha sido incluida en la petición de reformas al presupuesto que la Corte envió a la Asamblea Nacional, pero aún no tiene respuesta.
En el caso concreto de Managua, la CSJ tiene pensado instalar seis de estos juzgados, pero los jueces aún no han sido elegidos.
“El concurso para seleccionarlos no ha terminado, mientras no se les elija, serán los jueces de juicio, de audiencia y los jueces penales quienes asumirán estas jurisdicciones”, sostuvo Ramos.
De acuerdo con la funcionaria, en los últimos meses estos jueces han recibido capacitaciones sobre la ley para evitar interpretaciones subjetivas.
Una vez seleccionados los seis jueces, se les acondicionará un espacio físico en el nuevo complejo judicial, en agosto próximo.
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