Lucía Navas
Una muestra que Daniel Ortega, presidente inconstitucional, impone en el país la ley que él quiere, es la publicación en La Gaceta, diario oficial, de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), sin los cambios que pidió el sector privado.
Aunque los líderes de las principales cúpulas empresariales se lamentaron de que Ortega no atendiera la solicitud de veto parcial a la Ley de la UAF, conservan la esperanza de lograr “corregirle” las deficiencias que le atribuyen, a través del reglamento que debe hacer el poder ejecutivo para que pueda aplicarse.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) preparan acciones legales contra las facultades otorgadas a la UAF por considerar que vulnera los derechos a la privacidad de los ciudadanos consignados en el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua .
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Los empresarios reclaman que la UAF tiene facultad para solicitar y recibir directamente de cualquier persona natural o jurídica información financiera jurídica o contable sin que exista un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE), generado por sujetos obligados que deben quedar claramente nombrados en la Ley.
ACCIONES LEGALES
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, insiste que esto es un gran poder porque la UAF podrá requerir información financiera aún de ciudadanos que no se consideran sospechosos de actividades ilícitas.
Se insiste que la Ley no define en forma taxativa quiénes son los sujetos obligados a informar directamente, y se limita a establecer una lista que tiene un carácter meramente enunciativo.
Crear la UAF es exigencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) que Nicaragua cumplió para evitar ser definido como un “paraíso” para el lavado de dinero. El sector privado no se opone a esto, pero sí teme el excesivo poder que tendrá el funcionario que la presida, el cual será nombrado por Ortega.
Aguerri dice que estaban claros que era difícil que se diera el veto parcial a esta Ley. “Ahora toca proceder como nos lo permiten las leyes del país y presentaremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, afirma.
Amcham respaldará las acciones legales que tome el Cosep, contra los artículos 4 y 9 de la Ley de la UAF, en los que específicamente se señala de vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Aguerri dice que habrá que esperar si se concreta en el tiempo la advertencia hecha al Gobierno de que la UAF puede tener un efecto negativo en la atracción de inversiones. Recordó que esa misma advertencia se le hizo con la Ley de Moratoria, que tampoco fue aprobada en consenso con el sector privado.
DIÁLOGO ROTO
Pero el mensaje enviado para Yalí Molina, presidente de Amcham, es el no veto, el cumplimiento de la voluntad de Ortega de trabajar sin consenso.
(Colaboración de Ramón Potosme).
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,5 A
