Por: Elízabeth Romero
A raíz de la captura de Henry Aquiles Fariñas, acusado por delitos relacionados al crimen organizado, varios jefes policiales han sido asociados a la familia de este. El destape ocurrió cuando reaccionaron los parientes de Fariñas.
La propia directora de facto, Aminta Granera, en lugar de mostrarse interesada en una investigación para evidenciar la transparencia de la institución, recién ocurrido el destape intentó sofocar críticas argumentando que había que diferenciar cuando había “amistad”.
Y posiblemente basada en esa amistad con algunos jefes policiales fue que Fariñas pudo haber regresado a Nicaragua, luego de su convalecencia de las lesiones sufridas durante el atentado en Guatemala, el 9 de julio, donde murió el cantautor Facundo Cabral.
El defensor de Fariñas, Carlos Chavarría, quien en su momento evitó referirse a la amistad de su cliente y algunos jefes de la Policía, afirmó que antes de la detención de este, en marzo pasado, el acusado había entrado y salido del país en varias ocasiones a través de la misma terminal aérea donde fue arrestado, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua.
El funcionario del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, sostuvo: “La Policía está obligada a investigar este vínculo, independientemente que se consideren vínculos amistosos”.
Esto, según Orozco, “para deslindar responsabilidades” y sostiene que con la posición asumida ha creado suspicacia entre la población.
Entre los amigos con los que se fotografiaron las hermanas de Henry Fariñas aparecen el jefe de León y el segundo jefe de Managua, comisionado mayor Luis Barrantes, y Juan Ramón Gámez, respectivamente. Y el retirado comisionado general Carlos Palacios junto al mismo Fariñas, tal como aparecieron filtradas en su momento por allegados a la familia Fariñas.
El 22 de mayo Alicia Fariñas amenazó con dar a conocer incluso vídeos en los que supuestamente aparecen “altos mandos” de la Policía con Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, acusado en Guatemala por el atentado ejecutado el 9 de julio pasado en ese país, que estaba dirigido contra Fariñas y en el que fue asesinado el cantautor argentino Facundo Cabral.
Para el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, la dirección de Asuntos Internos de la Policía está obligada a investigar: “¿Qué vínculos sostenían con estas personas?”
“Quedan muchas dudas, así como el juez (Guillermo García) ha sido suspendido (por la emisión de la reposición de partida de nacimiento para José Fernando Treminio Díaz y/o Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”), la Policía debería aplicar esos mismos términos para sus funcionarios que tenían alguna amistad con esa gente”, dijo Carmona, quien considera que Nicaragua es pequeña y “la Policía debe saber con quién platica”.
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“El silencio en este caso es más perjudicial”, apuntó Orozco.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, aseguró en su momento que todo lo que se ha investigado fue remitido al Ministerio Público. “Todo lo que tenía valor para la investigación, lo que tenía valor de evidencia…”, señaló Borge. Pero al insistirle sobre una posible investigación de Asuntos Internos a los oficiales señalados de sostener una amistad con Fariñas y su familia, la respuesta fue de que su jefa ya se pronunció sobre el caso. Ya antes también había ofrecido similar respuesta el comisionado mayor Luis Barrantes, uno de los fotografiados.
La normativa policial remite al Código de Conducta para Funcionarios que debe hacer cumplir la ley aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1979. “Y si la ley te remite a este Código de Conducta, este establece que los policías deben abstenerse fundamentalmente de tener relaciones de dudosa reputación”, apuntó el especialista del Ieepp.
RETIRO, UNA “MALA PRÁCTICA”
El coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, dijo al ser consultado sobre el tema, que en el país “existe una mala práctica” que al final los nicaragüenses terminan asumiendo las consecuencias, ya que hasta ahora ningún alto oficial de la Policía, cuya gestión o desempeño han cuestionado, ha sido dado de baja. Por tanto, representa gastos para el Estado.
El artículo 263 del reglamento policial establece que los oficiales retirados se hacen merecedores de una serie de prestaciones y beneficios. Menciona una remuneración mensual, la cual incluye los complementos por razones de su cargo, grado, antigüedad, entre otros, el cual se pagará en la nómina fiscal hasta pasar a régimen de jubilación o pensión por vejez. También podrá seguir utilizando el vehículo que tenía asignado, el cincuenta por ciento de la cuota mensual de combustible asignada durante un año, entre otros beneficios.
Y aunque Carrión coincide con Orozco, que debió investigarse a los oficiales con supuestos vínculos de “amistad” con la familia Fariñas, refirió que la Policía al igual que otros órganos del Estado, subordinados al presidente inconstitucional Daniel Ortega, no aceptarán estos nexos.
“En cualquier país del mundo donde rige la decencia, renuncian, porque si no renuncian el que los nombra de inmediato los destituye”, apunta Carrión, tras señalar que en Nicaragua “eso solo se hace con los oficiales de baja graduación”.
ANTECEDENTES DE CASOS
Carrión recordó que hay antecedentes. En el 2006 al entonces comisionado mayor Carlos Bendaña le tocó dejar las filas policiales, al ser relacionado al caso de asesinato del dueño del centro nocturno Aquí Polanco, Jerónimo Polanco.
Al año siguiente le correspondió el turno al también comisionado mayor Ernesto Zamora, al atribuirle una investigación de Auxilio Judicial por supuestas responsabilidades en la falta de control en la entrega de licencias, legalización de vehículos robados, además de solicitudes de coimas. Ambos salieron por la vía honrosa: el retiro. Y al igual que con Fariñas, en ambos casos hubo otros funcionarios que también fueron señalados de estar relacionados con este tipo de amistades.
GRANERA REACCIONÓ AMENAZANTE CONTRA EDITORES DE MEDIOS
Por ejemplo, en el caso de Polanco hasta la fecha se desconoce si en realidad estos otros fueron investigados. La actual jefe de facto de la Policía, Aminta Granera, era entonces inspectora general de esa institución. Antes de Bendaña y Zamora, otros cuatro funcionarios habían salido en circunstancias parecidas. Sin embargo, posiblemente ninguno con la trascendencia del caso actual.
El pasado 8 de mayo Granera reaccionó airada y amenazante contra editores y directores de medios, cuando fue consultada sobre el hecho de que Fariñas supuestamente es compadre del ahora comisionado general en retiro, Carlos Palacios. “Te pregunto: ¿Ser compadre de Henry Fariñas es una actividad delictiva? Mirá, tu papa puede ser narcotraficante y vos no”, sostuvo Granera en tono ofensivo.
Lo cierto es que se siguen conociendo fotografías de altos oficiales de la Policía que han sostenido buenas relaciones con personas que luego son investigadas por delitos graves como narcotráfico o crimen organizado.
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