Investigan a ocho diputados salvadoreños por desobediencia

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SAN SALVADOR/AFP

La Fiscalía de El Salvador investiga a ocho diputados por la supuesta desobediencia a un fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el nombramiento de varios magistrados, informó este miércoles el fiscal general Romeo Barahona.

"Se ha abierto un proceso de investigación en contra de ocho diputados y que en esencia lo que se busca es determinar si han incurrido en algún delito por desobedecer una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia", dijo Barahona a periodistas.

La Corte declaró inconstitucional el 6 de junio el nombramiento que el anterior Congreso hizo de cinco magistrados y sus suplentes, en abril, ya que había hecho otra elección en 2009. La Constitución salvadoreña impide que el Congreso haga dos nombramientos de magistrados durante sus tres de funciones.

El actual Congreso tomó posesión el 1 de mayo, pero la denuncia indica que los ocho legisladores se niegan a acatar el fallo. La investigación apunta a Sigfrido Reyes (presidente) y Roberto Lorenzana, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; Guillermo Gallegos, Mario Tenorio y Walter Guzmán de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional. Además alcanza a Francisco Merino y Roberto Angulo de Concertación Nacional y Rodolfo Parker del Partido de la Esperanza.

La agrupación Aliados por la Democracia, conformada por empresarios, abogados y académicos, denunció ante la Fiscalía que esos congresistas son los "principales instigadores" para que el Congreso de 84 diputados "no cumpla la sentencia de la Corte".

Tras el fallo judicial, el Congreso acudió a la Corte Centroamericana de Justicia en Nicaragua, la cual ordenó a la Corte Suprema el 21 de junio dejar sin efecto su resolución. Sin embargo, el órgano judicial consideró "inaplicables" por inconstitucionales ese mandato y mantuvo firme su fallo.

El presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, advirtió este miércoles que ese órgano no elegirá nuevos magistrados y exigió que la Corte Suprema acate el mandato del organismo centroamericano.

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