La firma del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) afortunadamente es otra oportunidad para la región y especialmente para Nicaragua, sobre todo por los tiempos que nos corresponde vivir, con un gobernante a quien no le importa que la cooperación internacional se vaya debido a sus actitudes antidemocráticas.

El AdA es tan oportuno como lo fue en su momento el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta), que el pasado 2 de abril cumplió seis años de vigencia en Nicaragua.

Sin embargo, una vez más, en Nicaragua, con el gobernante inconstitucional de turno, el temor y la prudencia prevalece en quienes tienen expectativas de invertir en el país, porque se ha vuelto una práctica lesiva que los operadores políticos del régimen tiránico se apoderen de propiedades o hagan uso del poder que emanan las instituciones del Estado para obstaculizar determinadas actividades económicas.

De tal forma que el AdA debe pasar por el aro de la garantía de la seguridad jurídica de la propiedad privada y las inversiones tanto de extranjeros como de los nacionales. Esto implicaría aprovechar al máximo el Acuerdo que fue suscrito en Tegucigalpa durante la XXXIX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Como testigos de honor participaron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla; El Salvador, Mauricio Funes; Guatemala, Otto Pérez; Nicaragua, Daniel Ortega; Panamá, Ricardo Martinelli, y Porfirio Lobo, anfitrión de la cumbre.

A pesar del regocijo por el AdA, no hay que perder la perspectiva que en gobiernos como el del presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra es imperioso que se respeten en todos los sentidos la libertad, democracia, Estado de Derecho, institucionalidad, que exista un sistema judicial independiente y cero tolerancia a la corrupción gubernamental.

De nada sirve crecer económicamente si el país se hunde en la corrupción, la tiranía, el fraude electoral, ataques a ONG y partidos políticos opositores, agresión a los pocos medios de comunicación independientes que hay en Nicaragua y el enriquecimiento de funcionarios públicos al amparo del poder.

Esperemos que así como se ha aprovechado el DR-Cafta, ocurra lo mismo con el AdA, a pesar de los sobresaltos que empezarán a presentarse con este régimen.

Desde el día que entre en vigencia el pilar comercial del AdA, el 91 por ciento de los productos centroamericanos entrará libre de aranceles a cualquiera de los países miembros de la UE. La región liberará el 69 por ciento de su comercio para los productos industriales y pesqueros procedentes del bloque europeo. Uno por ciento de la cantidad de productos quedó sujeta a una desgravación a diez años, los cuales quedaron asignados en cuotas. Se protegió bajo normas de origen flexible por ser sensibles el atún, textiles y plásticos.

De acuerdo con las cifras conocidas a propósitos del Acuerdo, 8,500 millones de dólares fue el comercio bilateral entre la Unión Europea y Centroamérica en 2011. Unos 4,201 millones de dólares sumaron las exportaciones de Centroamérica al mercado europeo y 1,142 millones de dólares fue la venta de mercancías de Nicaragua a la UE. Números nada despreciables para países como el nuestro, los cuales serían mejores si las condiciones políticas del país fueran óptimas.

El AdA supone un reto tanto para los grandes empresarios como para las pequeñas y medianas empresas. Es necesario concretar la industrialización de la parte agropecuaria y a la vez diversificar la oferta exportable y elevar la productividad para tener más volumen que vender y nuevos rubros que ofrecer, tal como lo sostuvo la semana pasada don Enrique Zamora, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

En fin, un reto más. Y repito, no se puede ver el desarrollo económico integral de la nación, separando la democracia, la gobernabilidad, la transparencia y otros principios que no le gustan a los sistemas de gobierno corruptos.

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