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Managua, 07 de julio, 2012
Actualizado 06:05 p.m.

 

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Religión

La paternidad y la Ley 779 de castigo

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Monseñor Silvio Fonseca M.

 

Como un regalo del Día del Padre, el pasado 23 de junio del corriente año, se publicó con bombos y platillos la Ley 779, la cual endurece las sanciones para aquellos hombres que maltraten a las mujeres tanto sicológica como físicamente. Según esta ley, las medidas se deben al fracaso de otras leyes similares que no han tenido los resultados esperados para defender, proteger y promover el respeto por las mujeres.

 

El respeto y el rol de la mujer es específico en la revelación bíblica, cuando Dios la creó igual que el hombre a su imagen y semejanza; ambos fueron creados con la misma dignidad, deberes y derechos, por lo tanto, según la concepción cristiana, ambos están llamados a vivir y actuar como pareja y a profesarse un amor mutuo.

 

En aras de defender a muchas mujeres que han sido ultrajadas por sus compañeros y otras discriminadas por razón de sexo, debido a una cultura machista, la cual está totalmente divorciada de las costumbres cristianas, los gobiernos y movimientos feministas que dicen apoyar a las mujeres, lo cual sucede solo parcialmente, porque se enfocan en el ámbito conyugal o matrimonial, pero guardan silencio de la explotación que se hace de la mujer en la propaganda, la prostitución y otros, legislan a favor del sexo femenino, buscando frenar los abusos de muchas mujeres que se dan en muchos hogares.

 

En lo referente a la Ley 779, esta no debería leerse solo desde una óptica legal, sino también espiritual y moral, ya que ese hombre a quien le caerá el castigo es una persona e igual que todo delito, cualquier acusación debe tomar el debido proceso. El delito cometido por parte del padre, si lo hubiese, no impide su paternidad y los derechos que le asisten en la formación de los hijos.

 

Los hijos necesitan de la formación del padre y de la madre. La ley aquí publicada da la impresión de calificar al hombre como un ser maligno, sujeto a arbitrariedades y venganzas tanto del cónyuge, jefe o cualquier vecino, expuesto a cualquier castigo que se le pueda aplicar.

 

En ninguna parte de la ley trata con claridad el derecho a la defensa del acusado, dejándolo en una total indefensión. Según esta ley, el hombre puede ser acusado no solo por su pareja, sino por cualquier otra persona o “sociedad civil”, lo cual significa que incluso hasta los CPC pueden denunciarlo; lo cual es una “injerencia directa” sobre la intimidad familiar.

 

El artículo 17 dice textualmente: “Las personas que de acuerdo con la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al Ministerio Público dentro del término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esa omisión se sancionará con pena de doscientos a quinientos días multa”.

 

El “remedio” que quieren encontrar en contra de la violencia con muchas mujeres, puede sufrir una reversión, ya que una ley y/o código que carece de los debidos procedimientos e integralidad, como es el caso de una pareja que ha constituido ya una familia, puede profundizar la crisis de muchas parejas y la estabilidad social, ya que la sociedad descansa en las familias establecidas.

 

La Ley 779 ve al hombre solo como una máquina de producción y lo despoja totalmente de su paternidad. Esta ley no menciona en ninguna parte que antes de cualquier decisión jurídica, el Estado se preocupa por una conciliación entre las partes para salvar el matrimonio y la familia.

 

Yo me pregunto ¿quiénes y con qué mentalidad escribieron esta ley?

 

*El autor es vicario de Pastoral Familiar, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua.

 

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