La presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo de manera enfática que el dinero de los contribuyentes no puede ser destinado para fortalecer la dictadura del presidente inconstitucional Daniel Ortega.       

“Que la ayuda no le vaya a la dictadura de Daniel Ortega, porque le está quitando todos los derechos al pueblo de Nicaragua”, fue la expresión de Ros-Lehtinen, al ser consultada sobre las posibilidades de aprobación del waiver de la propiedad a Nicaragua.       

La jefa del Comité de Relaciones Exteriores en la cámara baja dijo que “es un tema en el que estamos trabajando”, e insistió en que no es justo que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea empleado para beneficiar y consolidar la dictadura orteguista, que arrebata los espacios y las libertades de los nicaragüenses.      

Ros-Lehtinen recientemente urgió al presidente Barack Obama examinar los comentarios de Ortega, antes de evaluar la elegibilidad de Nicaragua para la aprobación del waiver de la propiedad, y se ha pronunciado a favor de no aprobar esa dispensa, un tema a ser definido el próximo 30 de julio.       

• Proteger derechos

  El congresista David Rivera, al ser abordado por LA PRENSA, dijo que siguen trabajando en el Congreso junto a otros legisladores para proteger los derechos de los legítimos dueños de las propiedades confiscadas por el gobierno sandinista, para que les sean devueltas.
  
  “Espero que nuestro gobierno proteja los derechos de los ciudadanos americanos”, expresó el congresista republicano por la Florida.

El presidente inconstitucional en su furibundo discurso manifestó que los reclamantes no eran más que “ladrones”, “depredadores”, “gringos caitudos” y “criminales” que “huyeron a los Estados Unidos” en 1979 tras el ascenso al poder de las guerrillas del FSLN.   

GESTIONES CON EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Por su parte, el congresista David Rivera aseguró que continúan las gestiones ante el Departamento de Estado a fin de defender los intereses de los ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades han sido confiscadas por el gobierno sandinista.   

“Hay que insistir que países como Nicaragua y otros de América Latina respeten los derechos de las personas que reclaman sus propiedades. Vamos a seguir luchando junto a mis colegas para incentivar al Departamento de Estado a hacer todo lo posible y solidarizarnos con aquellos ciudadanos cuyos intereses han sido manipulados por el gobierno sandinista de Nicaragua”, manifestó.