El comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria, jefe de la Policía de Carazo, explicó que la actuación policial ante el desalojo de la familia Rappaccioli, el martes pasado, fue meramente preventiva y de ineludible cumplimiento.
El martes cuando se les impidió a los uniformados la entrada a la hacienda El Paraíso, ubicada en Diriamba, estos brincaron los muros y le quitaron la llave del sitio al guardia. Posteriormente se dispusieron a quitar un rifle a la señora Luvy Rappaccioli, a la que finalmente redujeron en el suelo.
Precisamente por la agresión sufrida, la señora Rappaccioli denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la forma agresiva con que los policías actuaron durante el desalojo.
Rappaccioli ve inadmisible la actuación de la Policía y más aún habiéndose aprobado la Ley 779, contra la violencia hacia la mujer.
Ante el Cenidh mostró las huellas de los moretones en los brazos y partes enrojecidas en el cuello, producto de la forma violenta con que fue sujetada por varios policías que casi la asfixian, por intentar desarmarla.
La Policía actuó haciendo valer una orden de desalojo de la extinta Sala Nacional de la Propiedad, con fecha 2006, que falla a favor del señor Pablo Emilio Pérez, un excombatiente que reclama 10 manzanas de El Paraíso. No obstante, en el 2002 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había puesto en posesión de la propiedad a la familia Rappaccioli.
Según el jefe policial únicamente se dio cumplimiento a un oficio enviado por la juez Teresa de Jesús Loáisiga Bustamante, y que de no cumplirse la Policía hubiese caído en desacato.
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