La reflexión sobre la naturaleza de la política y del poder surge de la necesidad de encontrar una explicación racional al comportamiento histórico de ambos en nuestro país. Cambian los tiempos, las circunstancias y las personas, pero persisten los comportamientos que hacen que los hechos configuren las tendencias que de cierta forma caracterizan nuestro ser y quehacer históricos.
Es claro que la historia no está sujeta a leyes determinables como las de la física, sino que ella es un proceso continuo en donde lo que existe es lo que se hace en cada uno de sus momentos particulares, producto del pensar y actuar de los sujetos que participan en su construcción.
Por esa razón las dificultades, conflictos y confrontaciones, que siempre están y estarán presentes en el acontecer que la construye, se renuevan en algunos de sus elementos constitutivos. Es por ello que resulta necesario preguntarse porqué en Nicaragua los conflictos políticos tienen casi siempre la misma naturaleza y provienen de las mismas causas. La caracterización general del problema nos indica la presencia constante de la formación de un poder unipersonal y autocrático, el sometimiento de las estructuras jurídicas e institucionales, la repetición de políticas patrimonialistas, la división de la oposición, la búsqueda de cargos para esta en el poder, hasta que surge de nuevo la crisis que nos lleva a la confrontación, a la sustitución violenta del poder autoritario y al inicio del mismo ciclo que habrá de conducirnos nuevamente a una situación igual o parecida.
Si nos detenemos por un momento en el análisis, vemos que el gobierno que asumió en el 2007, en vez de buscar una concertación que permitiera conducir al país a un acuerdo nacional, sobre el cual fundar el quehacer político, económico y social, se dedicó a poner en práctica la forma de concentrar y perpetuarse en el poder, ante una oposición que, aun con mayoría en el parlamento en ese período, no pudo formular una estrategia unitaria que hiciera posible un ejercicio democrático.
- En Nicaragua los conflictos políticos tienen casi siempre la misma naturaleza y provienen de las mismas causas. La caracterización general del problema nos indica la presencia constante de la formación de un poder unipersonal y autocrático, el sometimiento de las estructuras jurídicas e institucionales, la repetición de políticas patrimonialistas, la división de la oposición…
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Si observamos retrospectivamente la estrategia seguida desde el poder, podemos ver un proceso que ha llevado progresivamente al control del aparato del Estado y la estructura municipal, y a la formación de organizaciones sociales, los CPC, encargadas de la ejecución de programas y tácticas en diferentes sectores y hasta de acciones represivas ante protestas de la oposición y la sociedad civil. Igualmente se pueden percibir estrategias orientadas a un control cada vez mayor de la Policía y el Ejército. Este poder se ha incrementado al disponer hoy de más de los dos tercios de votos en la Asamblea Nacional, con lo que está en posibilidades de reformar parcial y totalmente la Constitución Política. Junto con esto habría que mencionar la formación de un considerable poder económico ligado al Alba y a sus nexos con Venezuela.
Por todo lo anterior podríamos decir que la situación actual trasciende al tema de las elecciones municipales, aunque parta de él, ya que concierne al destino de la oposición, en función de la actitud que adopte de ir o no a la contienda sobre lo cual hay una visible y pública contradicción. Cualquiera que sea la decisión que adopte, la perspectiva es la de una mayor concentración de poder y consecuentemente un progresivo debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia. El camino que se anuncia es el mismo, los senderos aquí no se bifurcan, como en el cuento de Jorge Luis Borges, sino que siguen repitiendo la misma ruta.
En el fondo subyacen las mismas causas de las crisis anteriores: una deformación de la idea de la política considerada únicamente como el arte del poder, según la entendía Maquiavelo, y no como el arte del bien común como la definió Aristóteles. Una idea del poder como un ejercicio personal que depende únicamente de la correlación de fuerzas y no de lo que establezcan la Constitución y las leyes. Una manipulación de la “voluntad general”, como la llamó Rousseau, que en última instancia se le hace depender de quien ejerce el poder, transformado en el depositario de esa voluntad y de la soberanía. Una desconexión y hasta confrontación entre la ley y la voluntad general, desconociendo que el principio fundamental de la democracia moderna es aquel que establece que el poder reside en el pueblo, pero que se ejerce de acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes, que son la expresión del contrato social.
La política no es ni anarquía ni dictadura, ni la una se justifica como alternativa ante la existencia o posibilidad de la otra. Desde los griegos hasta nuestros días pasando por los filósofos de la Ilustración y las revoluciones inglesa y francesa, la idea de la política ha estado ligada a la búsqueda del equilibrio entre el orden y la libertad, la justicia social y la legalidad.
De los griegos, en el origen de la democracia, hemos aprendido que esta es ciudadanía y participación en los asuntos de la polys, de ahí el nombre de la política, y búsqueda del equilibrio necesario entre el Estado y el ciudadano. El esfuerzo de los filósofos de la Escuela de Atenas fue el de construir el cosmos en la sociedad, el orden para superar el caos, el desorden y la anarquía, mediante un sistema que permitiera armonizar al ciudadano en la polys, aunque no podemos ignorar la exclusión de los que no eran ciudadanos y ya no digamos de los esclavos, lo cual obviamente es antidemocrático y censurable, ni el pensamiento autoritario de Platón que buscaba en su República, impuesto por el Estado, el orden racional y total de la sociedad como parte del orden universal, en eso que Cornelius Castoriadis llama la “ontología unitaria”.
No obstante, la democracia moderna se ha construido recogiendo lo que es ético en esas enseñanzas y desechando aquello contrario a los valores que deben regir a la persona y a la sociedad. Lo valioso de esa herencia de los filósofos griegos está concretado en la idea de la ciudadanía, de la ley (nomos), del pueblo (demos) del poder (kratos), del orden (cosmos) y de la justicia.
Es importante rescatar desde sus orígenes la idea de la democracia y la relación entre la ley, el pueblo y el poder, sobre todo a partir del pensamiento filosófico y político de la Ilustración que funda la modernidad política, en el que, al menos teóricamente, se eliminó la discriminación del pensamiento griego ante algunos sectores de la sociedad. Sobre todo debe quedar muy clara la idea de que el poder no es un patrimonio personal sino una delegación de la voluntad colectiva, la cual se expresa en la Constitución y en la ley. Transformar esto en parte de nuestra educación nos ayudaría a romper el círculo vicioso que nos hace repetir la misma historia con otros personajes, enriquecer nuestra cultura y sobre todo comprender que la política, cuya esencia reside en la formación de una ciudadanía consciente y participativa, es un derecho y una obligación de todos.
El autor es Jurista, filósofo y escritor nicaragüense.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
