Faltando unos cuantos días para que Estados Unidos dé a conocer su decisión sobre la dispensa o waiver de la propiedad del presente año, el gobierno de Nicaragua que preside de manera inconstitucional Daniel Ortega fue acusado ante una corte estadounidense, por el viejo conflicto de la propiedad de los Laboratorios Solka.
Tal como se ha informado hasta la saciedad, la dispensa de la propiedad es de máxima importancia para Nicaragua porque si Estados Unidos no la otorgara se afectaría la cooperación financiera de los organismos multilaterales, que es indispensable para sostener la economía del país. En cambio, el waiver por la transparencia fiscal que fue negado este año por los atropellos de Daniel Ortega a la democracia, solo afecta la cooperación bilateral de Estados Unidos.
Ahora bien, lo más delicado de la demanda judicial presentada en EE.UU. contra el gobierno de Ortega, por el caso de la propiedad de los Laboratorios Solka, deriva de que la demandante es una ciudadana estadounidense de origen nicaragüense; y de acuerdo con la ley norteamericana el waiver de la propiedad solo se debe otorgar si los problemas de propiedad que tienen pendientes los ciudadanos de Estados Unidos que fueron confiscados o expropiados en Nicaragua, son resueltos por lo menos gradualmente.
Expertos en política de Estados Unidos y sus relaciones con Nicaragua, sostienen que el procedimiento para decidir sobre el waiver de este año fue cerrado hace algunas semanas con los más de 60 casos que presentó el régimen orteguista como resueltos de modo satisfactorio. Y aseguran que basado en ese criterio técnico, el gobierno de EE.UU. ya decidió conceder el waiver al régimen orteguista y lo único que falta es que lo anuncie oficialmente, a fines de esta semana. O sea que según esos expertos, si la demanda por el caso Solka pudiera tener alguna incidencia en el waiver sería hasta el próximo año, cuando EE.UU. vuelva a analizar la situación de los estadounidenses confiscados antes de resolver si concederá la dispensa otra vez, en el 2013.
Pero también es conocido que en la decisión de otorgar o no el waiver este año, no solo está influyendo el aspecto técnico del problema de la propiedad, sino también la erosión que ha sufrido la democracia en Nicaragua bajo el régimen orteguista. Además, aunque Estados Unidos ya hubiera decidido dar la dispensa nada le impide cambiar de opinión a última hora, ante un hecho tan impactante como es la demanda judicial de Solka y el consiguiente incremento de las molestias y presiones de los congresistas y senadores republicanos que repudian al régimen de Daniel Ortega.
De todas maneras, es evidente que con dispensa o sin ella Daniel Ortega carece de voluntad para resolver justamente los problemas de propiedad. Y está claro que en vez de querer reconstruir la institucionalidad democrática del país, que él mismo ha socavado, el objetivo de Ortega es profundizar y eternizar su régimen autocrático y populista.
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