Moisés Martínez y Humberto Galo
El semblante de los directivos españoles de la distribuidora eléctrica Gas Natural lo decía todo. Molestos y preocupados salieron de la reunión con los miembros de la Comisión de Energía del sector privado, evadiendo a los periodistas y repitiendo seguidamente que no iban a comentar nada sobre las serias divergencias que tienen con el Gobierno por las pérdidas que están teniendo en sus operaciones.
Pero más allá de la postura pública decidida por Gas Natural, el problema se torna más serio ante las intenciones de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), vinculada directamente con la familia presidencial, de hacerse con el control de la distribución eléctrica en el país.
Los personeros de Gas Natural mantienen en estos momentos una agenda apretada de reuniones con el Gobierno, además de buscar el respaldo de los gremios empresariales aglutinados en la Cámara Americana de Comercio (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Por un lado, la distribuidora eléctrica sostiene que no puede operar con un margen de pérdidas por fraudes y conexiones ilegales, que implican unos 55 millones de dólares anuales.
Esto debido a que no hay posibilidades de que Alba Caruna continúe sosteniendo el financiamiento al subsidio general. Esto significaría un aumento en la tarifa por un 15 por ciento.
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340millones es el monto por el cual estarían siendo valoradas las operaciones de Gas Natural en todo el país.
72 millones de dólares es el aproximado de lo que debe Gas Natural a bancos y otros proveedores del sector eléctrico.
80 millones de dólares es lo que supuestamente oscilarían las deudas por compras de energía que tendría Gas Natural con Alba Generación, filial de Albanisa.
Fuentes vinculadas a las partes en conflicto expresaron a LA PRENSA que Albanisa (Alba Generación) ha llamado a Gas Natural a los juzgados a “absolver posiciones” para reclamarle ante un juez por la millonaria deuda. Las fuentes consideran que este es un mecanismo de presión para obligar a la distribuidora a pasar el control a Albanisa.
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Estas pérdidas son las causantes de las deudas por compras de energía , que alcanzan un poco más de 80 millones de dólares solo con Alba Generación, filial de Albanisa.
La situación se ha tornado más complicada desde que el Gobierno asumió en febrero pasado formalmente su cargo en la junta directiva de Gas Natural. Este puesto pertenece al Estado, luego que Gas Natural entregara un 16 por ciento de sus acciones a cambio de que se le perdonara una deuda por 11.5 millones de dólares en 2008. Gas Natural mantiene el control del restante 84 por ciento después que un grupo de socios locales de la empresa privada vendió su participación, que era del 10 por ciento.
FRANCISCO LÓPEZ, SOCIO Y ACREEDOR
El representante del Estado en la junta directiva es Francisco López, el financiero del Frente Sandinista, quien a la vez es presidente ejecutivo de Albanisa y por ende, administrador de Alba Generación, el principal suplidor de energía para Gas Natural y su principal acreedor.
Fuentes vinculadas con el sector eléctrico y Gas Natural confiaron a LA PRENSA que López se ha convertido en un obstáculo en la búsqueda de una solución integral al problema de las pérdidas. Esto debido al supuesto interés para presionar por medio de las deudas de Gas Natural para que esta salga del país, y así asumir las operaciones de distribución eléctrica.
Una de sus siguientes movidas se daría en la Asamblea General de Accionistas de Gas Natural, prevista a realizarse el mes próximo.
En este encuentro se discutiría una posible fusión entre Disnorte y Dissur, dado que la primera está prácticamente en quiebra. El Gobierno orteguista, por medio de López, buscaría bloquear esta fusión.
La transnacional española, en un intento por mantenerse operando en el país, incluso estaría dispuesta a entregar al Gobierno, a cambio del perdón de sus deudas, hasta un total del 41 por ciento de las acciones. Pero las fuentes consultadas sostienen que López pretende presionar por un porcentaje de acciones que permitan a Albanisa el control de la empresa.
LA PROPUESTA ESPAÑOLA, SEGÚN RAPPACCIOLI
El titular del Ministerio de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo a LA PRENSA que Gas Natural ha pedido aumento tarifario y ampliación del subsidio energético.
“Ellos quieren un aumento en el subsidio, un aumento en la tarifa. Nosotros estamos conscientes que hay que ajustar la tarifa de acuerdo con los precios del petróleo por los costos que representa la generación con combustible. Estamos de acuerdo también en que la empresa tiene afectaciones por aquella energía que se recibe en los lugares que llamamos asentamientos y no se paga por razones sociales. Podríamos dar un subsidio aplicable a los asentamientos, pero la distribuidora también tiene que asumir un compromiso serio en lo referente a inversión”, sostuvo Rappaccioli.
AGUERRI CONFIADO
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo ayer que no cree que la empresa española Gas Natural inicie su retiro de Nicaragua, porque las negociaciones continúan sobre las demandas que esta empresa tiene sobre la mesa. Señala que siempre ha habido dificultades a lo interno de esas negociaciones, pero no cree que se llegue al nivel de que Gas Natural solicite un arbitraje para iniciar el proceso de retiro.
Aguerri reconoció que es difícil conseguir un punto de respuesta equilibrada, pero confía en que se logrará una salida satisfactoria y que beneficie a los consumidores.
(Con la colaboración de José Adán Silva)
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