Luis Eduardo Martínez M.
Funcionarios de las delegaciones departamentales de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Intendencia de la Propiedad en Matagalpa, presuntamente estarían propiciando el enfrentamiento entre familias campesinas por una propiedad en el sector conocido como Las Palomas, entre Matagalpa y Sébaco.
“Mis clientes están firmes en que de esa propiedad no los van a desalojar y ahí lo que podría generarse es un enfrentamiento”, dijo Ruiz.
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La propiedad denominada San José, en el kilómetro 114.5 de la carretera entre Sébaco y Matagalpa, está en manos de beneficiarios de un título de Reforma Agraria que el 12 de diciembre del 2000 otorgó el Estado a 120 familias campesinas.
Pero uno de los beneficiarios del título presuntamente aprovechó un poder generalísimo, aún ya revocado, para vender la propiedad y después, en conjunto con la Comunidad Indígena de Sébaco (CIS) pidieron la cancelación del título agrario en perjuicio de los demás beneficiados.
En una denuncia, enviada a la Intendencia de la Propiedad, los beneficiarios indican que aún con una carta de no objeción, otorgada por esa cartera, no pudieron inscribir el título agrario porque presuntamente el delegado en Matagalpa, Porfirio Zapata, “ha procurado entregarle nuestra propiedad a la Comunidad Indígena (de Sébaco)”.
Este lunes LA PRENSA buscó a Zapata, pero en la Intendencia de la Propiedad dijeron que el funcionario “atiende solo los jueves”.
ENTREGA ERRÓNEA
Mientras tanto, el presidente de la CIS, Víctor Manuel Chavarría Dávila, insistió en que la finca San José pertenece a esa Comunidad y que en 1996 otorgó contratos de arriendo a descendientes indígenas.
“En el 2000 el Estado otorgó el título agrario erróneamente, porque no se puede otorgar título sobre propiedad comunera indígena y hace poco la Intendencia de la Propiedad ha reconocido públicamente que esta tierra es de la Comunidad Indígena”, dijo Chavarría.
Sin embargo, David Velásquez Aguilar, representante de los beneficiarios del título agrario, mostró cartas a través de las cuales los expresidentes de la CIS, Amelia Miranda Hernández y Justo Reyes Pérez, rechazan que la finca esté dentro del territorio indígena.
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