Gloria Picón Duarte
En el certificado se lee que Talavera junto con seis personas más fueron elegidos para ejercer en un periodo de cinco años en su territorio y las comunidades conforme a las costumbres y tradiciones naturales del pueblo oriundo de buena vecindad y de armonía (…)
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Como sucede cada dos años, mañana domingo se dará el traspaso de autoridades naturales en el Territorio Indígena, sin embargo esta actividad se puede ver empañada porque los líderes del territorio están molestos y piensan protestar por la imposición que están realizando el diputado Brooklyn Rivera en conjunto con Ramón Canales, de la secretaría de la Costa Caribe y Joel Dickson, responsable de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La denuncia la hizo Pablo Talavera quien fue nombrado jefe de territorio Miskito Indian Tasbaica Kum (MITK) el pasado 13 de agosto del 2011, luego que a Primitivo Centeno se le venciera su periodo y además fuera acusado de extorsión.
Sin embargo, Talavera afirma que Rivera ha impuesto a Centeno alegando que el primero no pertenece a Yatama. Pero esta aseveración no tiene ningún fundamento para Talavera quien señala que las autoridades de los territorios no se eligen por partidos políticos.
INSTITUCIÓN APOLÍTICA
“Los pueblos indígenas son una institución apolítica y apartidista, es una instancia netamente indígena autóctona, pero Brooklyn quiere que cada jefe de gobierno sea de Yatama o del Frente Sandinista”, dijo Talavera, quien aseguró que conocieron que al menos 150 antimotines estarán en el traspaso de mando de jefes territoriales para reprimir cualquier protesta, lo cual puede provocar un “baño de sangre”.
“Nosotros nunca hemos visto una situación de antimotines, somos pueblo pacífico, humilde y respetuoso de la palabra de Dios. Por cuestiones partidarias me está sustituyendo con Primitivo Centeno que fue destituido en el 2011 por promover la extorsión”, señaló Talavera, quien vino a Managua para pedir a la primera comisionada de facto de la Policía Nacional que no enviara fuerzas represivas.
Talavera recordó que los artículos 131 y 183 de la Constitución establecen claramente que los funcionarios públicos no pueden intervenir en asuntos internos.
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