Propuestas de reforma difieren

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Lucía Navas

En manos de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público están las contrapropuestas de los sectores empresariales, sindicales y asociaciones de mercados, que recogen sus planteamientos para cambiar el actual Sistema Tributario de Nicaragua.

En materia de tasas impositivas hay serias diferencias en las propuestas. Uno de los primero puntos donde “chocan” es sobre si el sistema debe mantenerse en renta dual, donde hay trato preferencial a las empresas sobre el asalariado. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechaza pasar al sistema de renta global existente en el resto de países.

“Desde el 2009 empezamos a ir hacia esa renta dual. En eso lo estamos compartiendo (la propuesta del Gobierno). ¿Qué significa? Que tengás un sistema para el asalariado y otro para el capital”, afirma José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Una separación que rechazan el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), los cuales respaldan que se cobre impuestos conforme a los ingresos, “sin favorecer a ningún sector”.

Gilberto Alcócer y Luis Barbosa, presidente de Conimipyme y directivo del FNT, respectivamente, dicen que los asalariados asumen de forma indirecta en el precio del valor de productos y servicios que compran a una empresa o comercio los impuestos que estos negocios pagan al fisco.

“Además sometés al asalariado a una tabla progresiva del Impuesto sobre la Renta (IR) que mientras mayores ingresos obtiene, más paga; en cambio la empresa paga 10 por ciento estable”, dice Barbosa. Por ello mantiene que conviene revisar el actual sistema.

Aguerri no está de acuerdo pues dice que “las empresas pagan el uno por ciento de activos, el 30 por ciento del IR, el 10 por ciento de dividendos”.

“Acordate que es parte de la discusión, que el 60 por ciento de los productos que vos comprás están exentos de IGV, (IVA) y todo lo que está en la canasta básica está exento de IGV”, sostiene.

Argumenta que se equilibraría el sistema tributario y se quitaría carga tributaria al asalariado y empresas al reducir la tasa del IR del 30 al 25 por ciento, bajando un punto porcentual por año, una vez aprobada la reforma a la Ley de Equidad Fiscal. Esto lo recoge el Gobierno en la propuesta de Concertación Tributaria, lo cual respaldan Conimipyme, Cosep y FNT.

MIPYMES VAN POR MENOS CARGA

Alcócer, presidente de Conimipyme, explica que la propuesta adicional que hacen es que se elimine el pago del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) a los insumos que usa la micro y pequeña empresa para la elaboración de productos que están dentro del listado de la canasta básica, como alimentos y vestuarios.

La queja de Alcócer es que la Dirección General de Aduanas (DGA) decidió aplicar el ISC a muchos insumos para la transformación alimenticios, como embutidos y cereales. Sostiene que además, más que dañar económicamente a las mipymes “es el consumidor final el perjudicado pues es quien asume el costo de venta”. “El ISC en productos embutidos representa hasta el dos por ciento y eso para el consumidor es bastante”.

También quieren se elimine la obligación del anticipo del IR para la micro, pequeña y mediana empresa porque afecta su flujo efectivo.

“El defecto de esto es que una vez que mensualmente lo entregás no es retornable, y aunque tuviste una pequeña ganancia, pero tu impuesto es mayor a lo que debiste haber pagado, se quedó en el fisco”. plantea Alcócer.

Se estima que son 300 millones de córdobas por año de anticipo del IR que aportan las mipymes. Alcócer aclara que no pretenden dejar de pagar IR sino lograr un mejor tratamiento y estímulo a las mipymes. Reconoce que de aceptarse el Gobierno recudirá su recaudación, “pero como tiene el fin de aumentar la base de tributación, pues con flujo económico las empresas pueden invertir más y eso genera más impuestos. Se compensará mucho”, sostiene Alcócer.

¿GRABAR SOLO LO INTERNO?

Otra diferencia entre las propuestas de los sectores es que el Cosep rechaza la pretensión del Gobierno de gravar la renta extraterritorial que incluye la renta global, justificando que el aparato estatal no garantiza que al final el empresario termine pagando doble tributación.

El ejecutivo pretende cobrar impuestos a las rentas de inversiones de ciudadanos no residentes bajo el argumento que se pierde recaudaciones porque estos inversores, aún viviendo en el país, crean una empresa afuera que luego ofrece servicios en el país, pero no pagan impuestos localmente por esos negocios.

La negativa de Aguerri es porque con una renta mundial se arriesga a que por ejemplo “si yo soy el ‘Chocolatito’ González y me voy a hacer una pelea (de boxeo) en Japón, me quitan impuestos en Japón y además me van a quitar impuestos aquí (en Nicaragua)”.

Tanto el Gobierno como la Alianza por la Reforma Tributaria —que agrupa a una serie de organizaciones de la sociedad civil— convienen que se puede establecer acuerdos entre los países para evitar el doble tributo. “Mientras no existe ese tipo de convenios entre los países para el tema de los impuestos, de la otra manera quedás abierto a que te cobren —doble—”, duda Aguerri y agrega que además al no residente ya se les impuso la obligación del 10 por ciento de IR en el 2009.

El Cosep plantea la neutralidad en todo el sistema tributario, incluido el financiero, al cual se pide no le apliquen tasas especiales. “Lo que estamos diciendo es que en la política en los diferentes productos financieros, no debe ser diferente la forma como tributa un fideicomiso, que como tributa un Fondo de Inversión o un Fondo de Sociedades de Garantías Recíprocas… Tiene que haber un ordenamiento en los diferentes instrumentos que estamos tratando de promover”, sostiene Aguerri.

Barbosa y a Alcócer creen que se puede fortalecer los mecanismos para que la recaudación local aumente.

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