Lucía Navas
II ENTREGA
El punto de la próxima reforma fiscal que más conflicto crea entre gremios privados, sindicatos e incluso economistas independientes, es el de las exoneraciones y exenciones.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) recoge el planteamiento de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), de excluir al sector agropecuario de la discusión de la reforma tributaria. Demandan perfeccionar el actual sistema y advierten que cualquier eliminación de los incentivos fiscales al sector lo debilitará en su capacidad de competencia en el mercado exterior, e internamente el consumidor será el que sufra por un encarecimiento de los precios de la canasta básica.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, recuerda que la actual política de estímulo a las exportaciones compensa el sesgo antiexportador causado por la política cambiaria y los problemas de infraestructura por la deficiencia de carreteras y puertos.
Aguerri afirma que debido a que Nicaragua tiene una política cambiaria antiexportadora, crea un desfase del 19 por ciento del valor real de las exportaciones. “Eso significa que nosotros si le diéramos el valor real al dólar, las exportaciones generarían 19 por ciento más de valor, sin embargo tenés el problema que Nicaragua importa el doble y si hiciéramos eso se encarecerían todos los productos que entran al país un 19 y 20 por ciento”, afirma.
Sostiene que siendo el sector agro la fuerza de la dinámica de la economía nicaragüense, es entonces donde deben fortalecer los mecanismos para potenciarlo más. “Hoy vemos resultados, hemos abierto más mercados y eso ha estimulado la producción y las exportación”, afirma Aguerri.
Cosep propone reformar el artículo 126 de la Ley de Equidad Fiscal para que concuerde con el artículo 52 de la misma ley, a fin de que quede claro que lo exonerado son los insumos con fines productivos y no el sujeto que lo usará, y así acabar de una vez con el problema de que el productor tiene que obtener permisos al Magfor, DGI, DGA y Ministerio de Hacienda para obtener el incentivo.
Sustenta Aguerri que el defecto del sistema es tal que si bien entran los insumos exonerados al país, “la realidad es que como la tramitología no te permite hacer uso de ella al final del día te encontrás que solo 15 por ciento de los productos fueron exonerados”.
Los empresarios demandan igualdad de competencia entre los productos importados y los nacionales. Quieren que si un producto como el jabón de cualquier marca entra al país sin aranceles, entonces que el fabricado localmente también tenga “tasa cero”.
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Los representantes de Conimipyme, sindicatos, asociaciones de mercados y organizaciones no gubernamentales esperan que la discusión sea abierta a todos.
Adelmo Sandino, de la Alianza por la Reforma Tributaria, dijo que aún no entregan oficialmente su propuesta, pero que todos los documentos que contienen el espíritu de dicha reforma los enviaron al Ministerio de Hacienda, y a otras instancias gubernamentales.
“Esperamos que en un futuro cercano se puedan crear los espacios para conversar con ellos sobre nuestra propuesta en detalle”, expresó Sandino.
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DESMIENTEN SOBRE APORTE
Cosep y Upanic no se van a dejar quitar los incentivos tan fácil. Ya cuentan con un estudio que desmiente al Gobierno de que el agropecuario es el sector que menos aporta a la recaudación de impuestos.
El economista Alejandro Aráuz es autor de un estudio que sustenta que hasta ahora el Gobierno ha “subvaluado” la tributación del sector agropecuario, porque las cifras se basan solo en los números de empresas y productores “formales” que llevan contabilidad, sin tomar en cuenta que la mayoría son “informales” pero que también están tributando, aunque no los contabilizan las instituciones.
El estudio señala que la recaudación por Impuesto sobre la Renta (IR) no está considerando el aporte real ese gran número de productores no formalizados, que sí aportan el 1.5 por ciento y el dos por ciento del IR de las transacciones en Bolsas Agropecuarias.
También se deja fuera el aporte del uno por ciento del IR sobre el proceso de trillado del café y otros granos, la retención del tres por ciento de los bienes y productos del sector pecuario en los centros de acopio y el uno por ciento del IR de retención definitiva en los mataderos.
“Los datos obtenidos para 2011 sobre el nivel de tributación fiscal del sector fue alrededor de 2,104.2 millones de córdobas de impuestos equivalentes al 6.6 por ciento de los ingresos totales del Gobierno central”, afirma el estudio de Aráuz.
LIMITAR AL GOBIERNO
El Cosep reta al Gobierno y le exige que si pretende eliminar exenciones a los sectores productivos, igual deben desaparecer las del Estado, por ejemplo las que otorga a Policía, Ejército y las empresas constructoras del Ministerio de Transporte e Infraestructura y alcaldías.
“Todo lo que tenga que ver con el Estado con exenciones, fuera”, afirma Aguerri. A la par le exige acabar con la práctica irregular de la Dirección General de Aduanas (DGA), sobre los productos medicinales, como el caso del champú para matar piojos, que está considerado como uso medicinal, no producto de lujo.
“Si la constitución dice que las medicinas son libres de impuestos no puede Aduana venir a reclasificarlo y convertirlo en un producto no medicinal para cobrar impuestos”, dice Aguerri.
INCENTIVOS A MIPYMES
El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) no acepta excluir de la discusión al agro. “Todo mundo debe ser revisado. No podemos venir con ese tipo de imposiciones, pues si en el agro hay cosas que no funcionan hay que quitárselas, pero con cuidado para evitar afectar la generación de empleo”, afirma Luis Barbosa, dirigente del FNT.
La propuesta sindical es que solo a las micro, pequeñas y medianas empresas (incluido productores) y las organizaciones de trabajadores por cuenta propia reciban los incentivos. “Son los que realmente generan el ochenta por ciento del empleo en este país. Las multinacionales y los grandes capitales de empresas nacionales deben pagar al menos el treinta por ciento de IR (Impuesto sobre la Renta) sobre sus utilidades netas”, plantea.
El Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) también rechaza la exclusión de la actividad agropecuaria. Su propuesta coincide con la del FNT en que se limiten los beneficios fiscales a las micro y pequeña empresa y están de acuerdo en fijar plazos de vigencias.
“No va a estar una empresa permanentemente exonerada porque si no estamos chineándola. El concepto de las exoneraciones tiene como fin último promover, desarrollar y estimular para que esa porción de impuesto exonerado lo usés para crecer invirtiendo y la idea es que las mipymes se conviertan en grandes empresas”, expresa el presidente de la organización, Giberto Alcócer.
Para Conimipyme un tiempo adecuado para gozar del beneficio son diez años, similar al plazo que establece la Ley de Incentivos Turísticos. Van por aprovechar la discusión de la reforma para alinear las leyes como la de Incentivos Turísticos, para que se modifique el monto mínimo de inversión para gozar de la exoneración para que accedan las microempresas. Actualmente el monto mínimo de inversión turística con derecho a incentivos fiscales es de 50,000 dólares.
Por su parte Barbosa está convencido que si se ordenan los incentivos fiscales y se le dan solo a los sectores que demuestran que aportan a la productividad y crecimiento económicos, habrá mejor estabilidad de las finanzas públicas.
Califica de “ofensivo” que las exoneraciones representen “una ‘bicoca’ de 500 millones de dólares por año”, según cifras oficiales. “Hay que evaluar a cada uno de los sectores para saber si realmente cumplen con aprovechar la exoneración para crecer. Este sistema debe limitarse y vamos a insistir con el Gobierno en esa posición”, advierte Barbosa.
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