La cuota fija, ¿a quién darla?

Gremios empresariales apuntan a un nuevo régimen especial de los pequeños contribuyentes, el cual desagrada a los comerciantes de mercados de Nicaragua

  23/08/2012
La cuota fija, ¿a quién darla?

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Lucía Navas  

 

III ENTREGA Y FINAL

Los mercados populares son vistos como la “zona roja” donde supuestamente hay más evasión fiscal. Al menos así lo conciben los gremios de las grandes y pequeñas empresas, los cuales pretenden que el Gobierno acepte cambiar el actual modelo especial de tributación de los pequeños contribuyentes.

El Gobierno, tal vez previendo que si se sentara con todos los representantes de los diferentes sectores que tienen que opinar sobre la reforma tributaria, le sería difícil y se tardaría más en lograr un acuerdo, decidió negociar bilateralmente con cada parte.

Podría tener razón porque la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua (Acmnic) rechaza los señalamientos de los gremios empresariales y les devuelve las críticas de que estos “inventan una serie de artimañas” para evadir el pago de los impuestos.

Acmnic entregó su contrapropuesta de reforma tributaria que se centra únicamente en el sistema de cuota fija o pago único que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (IR).

Actualmente caben en el Régimen Especial de Estimación Administrativa de Cuota Fija aquellos negocios cuyas ventas no superan los 480 mil córdobas al año y que tienen mercadería en inventario cuyo valor no supera los 200 mil córdobas.

El Gobierno propone cambiar este sistema y que los ingresos netos por ventas anuales sean de 720 mil córdobas y dispongan los pequeños contribuyentes de inventarios no mayores a 300 mil córdobas. Acmnic contrapone y pide elevar esos montos hasta C$$1.2 millones en ventas por año y a 500 mil en inventario.

“Se basa en la realidad de que como comerciantes debemos abrirnos a la reforma y presentamos el estudio de que hay un desfase en el sistema. No estamos pidiendo ni más ni menos de lo que merecemos”, dice Jorge González, presidente de Acmnic.

[doap_box title=”¿Dónde irán los fondos?” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

La contrapropuesta del Cosep contempla 31 medidas para la reforma fiscal. En el punto 19 se expresa que los recursos adicionales que genere la reforma se destinen a educación, inversiones productivas, infraestructura y a modernizar instituciones.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, señala que aún cuando los cambios “en el papel” sean buenos, el sistema tributario tendrá pocos resultados si no hay verdadero interés de las instituciones de ordenar los mercados populares.

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10,000 comerciantes, aproximadamente, de los casi 30,000 que hay en el mercado Oriental, deberían estar fuera del régimen de cuota fija, estiman economistas.

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Demandan eliminar la restricción de que solo caben en cuota fija los negocios donde el número de empleados contratados no sea mayor a tres. Acmnic argumenta que este límite es “discriminatorio”, basado en que la Constitución de la República en los artículos 27 y 57 dice que “todas las personas son iguales antes la ley” y “los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana”.

Incluso le recuerdan los comerciantes al Gobierno “que ha ganado simpatía” pero que aún el mayor problema del país es el desempleo “y los mercados municipales son el colchón o receptor de los empleados despedidos de las empresas estatales y privadas”.

SOLO LAS MIPYMES

González se molesta con la pretensión del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) los cuales proponen que el régimen de cuota fija sufra una modificación radical para que solo beneficie “exclusivamente” a las contribuyentes que quepan en el concepto de micro y pequeñas empresas, lo cual dejaría afuera una buena parte de los comerciantes de los mercados.

“Actualmente el régimen de cuota fija está muy manoseado, se abusa mucho”, afirma Gilberto Alcócer, presidente de Conimipyme.

A la par demandan “alinear” la Ley de Equidad Fiscal y el decreto de la Cuota Fija, pues hay distorsiones, ya que la primera reconoce como microempresa la que vende un millón de córdobas anuales y en el segundo hasta 480 mil córdobas. Exigen además que la Dirección General de Ingresos (DGI) sea más eficiente en entrar a los mercados y auditar los negocios para determinar quiénes deben estar en el régimen general.

“Ellos no se pueden arrojar el derecho de excluirnos, aquí —en el mercado Oriental— los comerciantes son pequeñas empresas que no le anda pidiendo ninguna exoneración al Gobierno como lo hace Conimipyme”, riposta González, de Acmnic.

Rechaza que en los mercados populares solo hayan negocios informales que no pagan sus tributos. “No vengan a decirme Conimipyme y la misma Cámara de Comercio que sus empresas no se les salen de la mano e inventan una serie de mañas para gozar de la cuota fija”, dice González.

Conimipyme también plantea un tratamiento especial para la microempresa que vaya superando el monto de ventas. “Es establecer un mecanismo progresivo que por ejemplo a partir de que se pase un córdoba del millón de córdobas de ventas, se pague IR por ese córdoba y así de forma escalonada. No se puede pasar de un solo al sistema general porque afectaría a la microempresa”, sostiene Alcócer.

¿CÓMO COMBATIR LA EVASIÓN?

Nosotros somos  empresas como ellos, cada uno que nos constituimos en un negocito creamos más empleos que uno que se llama mipyme”. Jorge González,  presidente de  Acmnic.

En la propuesta de Concertación Tributaria un tema central es depurar el comercio para “cerrar la llave” de la evasión fiscal. Pretenden sacar de este sistema los negocios que no cumplen las condiciones exigidas para que tributen en el régimen general.

El mercado Oriental, en Managua, es uno de los centros de compras más grandes de Centroamérica; se estima que mueve alrededor de 50 millones de córdobas en comercio entre los más de 15 mil comerciantes que forman parte de Acmnic.

Donde no entran en contradicción Conimipyme y Acmnic es que se requiere que la DGI sea eficiente en fiscalizar y auditar a nivel del comercio en general los establecimientos para que haya mayor formalización y se amplíe la base de contribuyentes, y por ende la recaudación.

Pero advierten que no permitirán tampoco que la DGI haga una “cacería de brujas”. “Nosotros reafirmamos estar en contra la defraudación, del contrabando y lo que corresponde es que las instituciones hagan su trabajo fiscalizando”, asegura González.

Lo que no se acepta de todo, al menos por Acmnic, es la propuesta del Gobierno de que estudiantes de los últimos años de las carreras de Economía y Finanzas, realicen prácticas siendo fiscalizadores de la DGI.

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