WASHINGTON/AFP
“No puede ser que solo los países pequeños, medianos, y los países amantes de la paz respetemos el ordenamiento internacional”, dijo el canciller argentino Héctor Timerman.
El gobierno de Rafael Correa buscaba el apoyo de la OEA, tras obtener el del Alba y la Unasur el fin de semana anterior.
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Los cancilleres y representantes de la OEA aprobaron ayer una resolución en la que llama a “rechazar cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y “en este contexto manifestar su solidaridad y respaldo” a Ecuador, en su diferendo con Gran Bretaña por el asilo a Julian Assange, refugiado en la embajada de Quito en Londres.
La resolución, en la que también se llama a Ecuador y al Reino Unido a “continuar el diálogo que permita resolver sus actuales diferencias”, fue aprobada por consenso por la organización. “Hemos reafirmado nuestra capacidad de diálogo y podemos sentirnos muy felices”, expresó el canciller peruano Rafael Roncagliolo, presidente de la reunión, al dar por finalizada la sesión.
El observador permanente británico en la OEA, Philip Barton, invitó a Ecuador a “retomar lo más pronto posible el diálogo constructivo (…)”, y reiteró que Londres no tiene previsto ingresar a la embajada, pero subrayó que no le dará un salvoconducto a Assange e insiste en su extradición a Suecia.
Pero el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, respondió que para dialogar era necesario que Londres “retirara su amenaza” de ingresar a la embajada para arrestar a Assange, y pidió una “disculpa pública” de Reino Unido.
Estados Unidos y Canadá, que se han opuesto a que la OEA tratara el caso de Assange que consideran es un tema bilateral, no adhirieron al párrafo de solidaridad con Ecuador.
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que el diálogo es “el camino adecuado para resolver este problema”.
El gobierno de Ecuador declaró que se siente “fortalecido” tras la resolución de la OEA. Este Gobierno denunció que su par británico envió una carta la semana pasada a la embajada ecuatoriana en Londres, en la que advertía de la posibilidad de recurrir a una ley de 1987 que le permitiría revocar la inmunidad diplomática de la misión, para entrar y detener a Assange.
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