Elízabeth Romero
Ocho organizaciones comunales y defensoras de los consumidores firmaron un convenio con la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), bajo el argumento de defender a la población ante las constantes alzas en muchos de los servicios básicos, así como de precios de productos que afectan a los consumidores. Esto es considerado violatorio a los derechos humanos de la población.
Según Omar Cabezas, el convenio les llevará a impulsar un movimiento de sensibilización, para que la Asamblea Nacional reforme la Ley 212, Ley creadora de la Procuraduría de Derechos Humanos, para que esa institución pueda tener capacidad de “caerle a estos señores privados que andan vendiendo y comprando derechos humanos en el mercado tal como que fueran arroz y frijoles”.
El director ejecutivo del Instituto de Defensa del Consumidor (Indec), Marvin Pomares, anunció protestas en contra de los entes reguladores que a su criterio ninguno cumple con su objetivo.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
