José Adán Silva
¡Llega barco! ¡Llega barco! Con esta expresión popular, jerga de los reos para referirse al recibimiento de alimentos, visitas o noticias en las celdas o prisiones del país, ilustra el experto en seguridad ciudadana, Roberto Cajina, el depósito en una cuenta del poder judicial de los US$9.2 millones incautados a una banda de 18 mexicanos que se hacían pasar como periodistas de Televisa.
Esa cantidad es superior al presupuesto asignado a la Fiscalía, que en 2012 recibirá 159 millones de córdobas.
“El Ministerio Público, sometido al imperio de la Ley, espera que se cumpla con lo establecido en la legislación correspondiente”, dijo el fiscal Julio Centeno.
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A criterio de Cajina, tanto la Policía Nacional, que deposita el dinero, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cuyas cuentas van a parar los recursos decomisados al crimen organizado, actúan de manera ilegal y al margen de lo establecido en la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes incautados, Decomisados y Abandonados.
Esta Ley —dijo Cajina— es clara con el destino del “dinero sucio” del narcotráfico: manda a crear la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Observó Cajina que la Ley explica la función de esta unidad: “Tendrá como objetivo la recepción, administración, guarda, custodia, inversión, subasta, donación, devolución o destrucción” de los bienes recuperados al crimen organizado.
“Lo que se haga al margen de esa Ley es ilegal y ni la CSJ ni la Policía pueden ignorarlo”, advirtió.
Igual lo observó el exdiputado José Pallais, principal propulsor de la Ley aprobada en octubre del 2010, quien señaló tanto al Ministerio de Hacienda, como a la Presidencia de la República y la CSJ, de “jugar al círculo vicioso de no crear la Unidad para que se administre de manera transparente el dinero proveniente del narco”.
“Lo que dice la Ley es que los bienes incautados deben entrar a la Caja Única, incorporados a la Tesorería General de la República y que sean asignados por Hacienda al Presupuesto General de la República, para proyectos y programas contra las drogas, no como una ejecución extrapresupuestaria sin control y transparencia, de la cual ni la Policía ni la Corte ni Hacienda, rinden cuentas claras”, dijo.
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